● Las magistradas del Consejo Nacional Electoral participaron en el foro de la revista CAMBIO “Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia”, donde la autoridad electoral reafirmó su compromiso con la implementación de la Ley 2453 de 2025 y respondió a la alarmante cifra revelada por el estudio “3.000 voces por la democracia” de ONU Mujeres.
A cinco días de las elecciones presidenciales, el Consejo Nacional Electoral realizó el foro “Violencia contra las mujeres en política: un desafío de la democracia”, convocado junto a la revista CAMBIO en la sede Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Las magistradas de la Sala Plena —Alba Lucía Velásquez, Maritza Martínez Aristizábal y Fabiola Márquez Grisales— presentaron el balance institucional de la implementación de la Ley 2453 de 2025 y anunciaron las garantías reforzadas que acompañarán la jornada electoral del próximo 31 de mayo.
Cifra clave del foro
El 78 % de las candidatas en procesos electorales en Colombia ha reportado haber sido víctima de algún tipo de violencia política, incluidas agresiones psicológicas, económicas, digitales, simbólicas y sexuales, según el estudio “3.000 voces por la democracia” de ONU Mujeres.
A esta cifra se suma la brecha de representación evidenciada en el actual ciclo electoral: aunque las mujeres representaron el 40,9 % de las candidaturas al Congreso de la República en 2026, solo alcanzaron el 29,98 % de las curules.
La distancia entre participación y representación efectiva refleja uno de los impactos más visibles de la violencia política basada en género y marca el desafío institucional que el CNE asume como un mandato constitucional para proteger la democracia y garantizar la participación política de las mujeres en condiciones reales de igualdad.
Tres dimensiones del problema y la respuesta institucional
Durante el primer panel, enfocado en la violencia digital y la desinformación contra las mujeres en política, la magistrada Alba Lucía Velásquez señaló que la violencia política contra las mujeres trasciende el daño individual y afecta directamente la calidad democrática del país.
“Cuando se le hace daño a una mujer, no solo se le hace daño a ella, sino también a la democracia. Los cambios deben comenzar desde las organizaciones políticas, base fundamental del sistema político colombiano”, afirmó.
En este espacio también intervino Marisol Rojas Izquierdo, quien expuso la lectura institucional sobre los ataques de género registrados durante el actual proceso electoral y subrayó que la protección de candidatas, precandidatas y lideresas en entornos digitales se ha convertido en una prioridad para la autoridad electoral.
“El entorno digital sigue siendo uno de los escenarios más agresivos para las mujeres en política. Los ataques afectan no solo el ejercicio profesional y político, sino también la dignidad personal y la autonomía de quienes participan en escenarios de decisión”, advirtió.
Asimismo, explicó que el CNE ha fortalecido el monitoreo de discursos discriminatorios y campañas de desinformación con sesgo de género, en articulación con las entidades competentes.
En el segundo panel, dedicado a los mecanismos para cerrar la brecha entre la denuncia y la acción efectiva del Estado, la magistrada Maritza Martínez Aristizábal explicó las rutas institucionales disponibles para acompañar a las mujeres víctimas de violencia política.
Recordó que la Ley 2453 de 2025 obliga a reportar los casos ante la Plataforma URIEL, el CNE, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo, y destacó la importancia de construir rutas accesibles, seguras y libres de revictimización.
“Las mujeres no deben ser instrumentalizadas. A las mujeres se les debe garantizar financiación, asesoría y todas las condiciones necesarias para ejercer la política, porque siguen siendo las más perseguidas en este escenario”, afirmó.
En el panel de cierre, la magistrada Fabiola Márquez Grisales presentó los aprendizajes del primer año de implementación de la Ley 2453 de 2025 y enfatizó que la lucha contra la violencia política hacia las mujeres requiere presupuesto, capacidad técnica, coordinación institucional permanente y protocolos internos dentro de los partidos políticos.
“El CNE y toda la institucionalidad deben priorizar los esfuerzos para frenar la violencia política contra las mujeres. Si no se consolida esta tarea, tendremos una ley de papel y los avances serán mucho más lentos”, enfatizó.
Garantías reforzadas para la jornada electoral del 31 de mayo
Durante el foro, el Consejo Nacional Electoral reiteró las medidas que estarán activas antes, durante y después de la jornada electoral:
- Monitoreo digital reforzado: seguimiento permanente a ataques de género y campañas de desinformación contra candidatas y lideresas políticas.
- Aplicación efectiva de la Ley 2453 de 2025: acciones administrativas para prevenir, investigar y sancionar actos de violencia política contra las mujeres.
- Rutas de denuncia activas: habilitación permanente de canales institucionales como la Plataforma URIEL, el CNE, la Registraduría y la Defensoría del Pueblo.
- Articulación interinstitucional: coordinación con la Procuraduría Delegada para Asuntos Electorales, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio del Interior y la Registraduría Nacional.
- Pedagogía electoral con enfoque de género: campañas y contenidos pedagógicos sobre derechos políticos de las mujeres y mecanismos de denuncia.
Micrositio “Mujeres en Política”: herramienta para prevenir y orientar
El micrositio “Mujeres en Política” del Consejo Nacional Electoral se consolida como la plataforma institucional creada para visibilizar, prevenir y orientar la atención de la violencia contra las mujeres en política.
El espacio reúne información normativa, rutas de denuncia, materiales pedagógicos y herramientas de articulación con entidades como la URIEL, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Defensoría del Pueblo.
Más que un repositorio digital, esta plataforma busca fortalecer una democracia paritaria y libre de violencias, donde las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad.
En el foro también participaron la senadora Angélica Lozano; la procuradora delegada para Asuntos Electorales, Yolima Carrillo Pérez; la representante de ONU Mujeres, Paola Gómez Puerta; la economista y exministra Cecilia López Montaño; y lideresas y expertas como Luceidy Rodríguez Contreras, Ana Bejarano, Catalina Moreno, Nadia Sánchez y Sandra Martínez.
Finalmente, el Consejo Nacional Electoral reiteró su llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos, a las campañas y a los medios de comunicación para garantizar que las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos políticos —postularse, hacer campaña, votar y ejercer veeduría— en entornos libres de violencia digital, simbólica, institucional, física, psicológica, económica y sexual.
Sin mujeres no hay democracia plena con legitimidad y transparencia.