Icono del sitio Cartagena en Linea

Juzgado de Cartagena declara improcedente tutela contra licitación del alumbrado navideño de 2026

Screenshot

El Juzgado Quinto Laboral Municipal de Cartagena declaró improcedente este 20 de noviembre de 2026 la acción de tutela promovida por la Corporación ECA ONG contra la Secretaría General del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por la Licitación Pública LP-SEGD-001-2026. El proceso contractual busca contratar la prestación de servicios de alumbrado navideño para la vigencia 2026.

_Los argumentos de la Corporación ECA ONG sobre el pliego de condiciones_

La Corporación ECA ONG, representada por el apoderado judicial Gustavo Rodríguez Rojas, alegó la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso administrativo y a la igualdad de oportunidades y libre concurrencia, junto con los principios de moralidad administrativa, transparencia y selección objetiva.

Según lo expuesto en la demanda, el demandante consideró que ciertos requisitos habilitantes y factores de ponderación limitaban sin justificación la libre concurrencia y se apartaban de las reglas de selección objetiva, diciendo además que el pliego definitivo no acogió la mayoría de sus observaciones y cuestionó la regla de valoración de experiencia cuando el oferente omite subsanar el formato respectivo.

A juicio de la Corporación ECA ONG, estas situaciones configuraban un «pliego sastre» y afectaban la igualdad entre posibles participantes, motivo por el cual solicitó suspender el cronograma antes del cierre y apertura de ofertas programados para el 12 de noviembre de 2026, además de pedir la rectificación o modificación de los apartes cuestionados.

_Trámite del proceso y posiciones del Distrito, Colombia Compra Eficiente y terceros_

El despacho judicial admitió la acción de tutela y ordenó vincular a la Agencia Nacional de Contratación, así como a oferentes, proponentes y terceros con interés legítimo, y negó la medida provisional dirigida a frenar el cronograma por no hallar acreditados, en esa etapa, los presupuestos de urgencia, necesidad y proporcionalidad.

Por su parte, el Distrito de Cartagena pidió declarar improcedente la tutela por incumplimiento de subsidiariedad y, de manera subsidiaria, negar el amparo. La administración distrital sostuvo que los documentos contractuales se publicaron en el SECOP II el 4 de noviembre de 2026, que las observaciones recibieron respuestas motivadas sin que exista obligación de aceptarlas todas y que las condiciones y factores evaluativos se ajustan a la legalidad. Precisó también que las controversias sobre actos precontractuales y el pliego definitivo corresponden a la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante los medios de control ordinarios, sin que se hubiera acreditado un perjuicio irremediable.

Así mismo, Colombia Compra Eficiente presentó informe el 12 de noviembre de 2026 en el que precisó que su rol como ente rector de la política de compras y contratación pública y administrador de las herramientas del SECOP no le otorga facultad para elaborar pliegos, fijar requisitos, evaluar propuestas ni adjudicar contratos de entidades territoriales. La agencia subrayó que la responsabilidad sobre el contenido, publicación y trámite de la licitación corresponde al Distrito de Cartagena y pidió no conceder el amparo en su contra.

_Por qué el juzgado negó la tutela contra los alumbrados_

Al examinar los requisitos de procedibilidad, el Juzgado Quinto Laboral Municipal de Cartagena precisó que los actos proferidos antes de la celebración del contrato con ocasión de la actividad contractual pueden controvertirse ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo mediante el medio de control de nulidad (artículo 137) o de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 138), en concordancia con el inciso segundo del artículo 141 del CPACA.

Asimismo, señaló que la fecha de cierre del 12 de noviembre de 2026 no demostró por sí sola que los mecanismos cautelares ordinarios fueran inidóneos ni que existiera un perjuicio irremediable cierto, grave, inminente y urgente, y aclaró que el fallo no prejuzga sobre la legalidad del pliego definitivo ni sobre las respuestas a las observaciones.

El despacho advirtió que los reproches sobre reglas de subsanación y experiencia, puntajes por planes de calidad y seguridad y salud en el trabajo, sitio adicional y publicación en el SECOP II exigen un examen de legalidad propio del juez contencioso administrativo.

Salir de la versión móvil