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“El exalcalde Dau Chamatt ha cruzado un límite inexcusable al utilizar expresiones ofensivas y calumniosas contra funcionarios y ciudadanos. Este comportamiento degrada la dignidad de la función pública y no puede ser tolerado en un Estado que se rige por el respeto y la ética.”
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“Las declaraciones irresponsables del exmandatario, difundidas ampliamente, pueden sentar un precedente peligroso. Es imperativo sancionarlas con todo el rigor de la ley para garantizar que el respeto y la integridad sean pilares fundamentales en el ejercicio del servicio público”.
La Procuraduría General de la Nación ha vuelto a imponer una sanción ejemplar al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, tras proferir declaraciones groseras y ofensivas en redes sociales y otros medios de comunicación. En fallo de primera instancia, Dau Chamatt fue suspendido e inhabilitado por 10 meses por utilizar expresiones desobligantes e irrespetuosas contra servidores públicos y ciudadanos, atentando contra el respeto y la dignidad que rigen el ejercicio de la función pública.
El ente de control constató que, a través de diversos canales digitales y medios de comunicación, el exmandatario se refirió a funcionarios y particulares en términos que calificó de grotescos y calumniosos, llegando incluso a incluir a algunas de estas personas en un listado vinculado al supuesto cartel de la prescripción del impuesto predial unificado de la Secretaría Distrital de Hacienda de Cartagena.
El Ministerio Público también cuestionó el comportamiento de Dau Chamatt, advirtiendo que sus declaraciones, ampliamente difundidas y con notable repercusión social, podían ser interpretadas por el imaginario público como un modelo inaceptable de conducta. La Procuraduría subrayó que el exalcalde actuó a sabiendas de que sus palabras estaban cargadas de una intención dolosa, ofensiva y desprovista de consideración hacia la integridad de quienes fueron objeto de sus insultos.
Dado que el disciplinado ya no ocupa cargo en la función pública, la sanción impuesta se ha convertido en salarios, conforme a lo devengado al momento de los hechos. Esta nueva medida reafirma el compromiso de la Procuraduría de garantizar el respeto y la ética en el trato a los ciudadanos, enviando un mensaje claro de que la indiscreción y la falta de respeto en el ámbito público no serán toleradas.