Desde 1993, Colombia le apostó a una transformación ambiciosa de su sistema de salud. La reforma surgió como respuesta a las dificultades de un modelo afectado por problemas de corrupción, prácticas clientelistas, limitaciones institucionales y una capacidad insuficiente para atender las crecientes demandas sociales. A ello se sumaba un contexto latinoamericano marcado por reformas económicas y transformaciones en la concepción del papel del Estado y del mercado.
La Ley 100 de 1993, polémica y ampliamente debatida desde su implementación, representó un cambio estructural en la manera de financiar, organizar y garantizar la prestación de los servicios de salud. Más allá de las influencias internacionales, planteó una apuesta propia por un modelo de aseguramiento con financiación mixta, en el que empleados, empleadores y el Estado contribuirían al sostenimiento del sistema.
Su propósito era ampliar progresivamente la cobertura y garantizar el acceso de la población a los servicios de salud, independientemente de su capacidad económica. Esto incluía distintos niveles de complejidad, medicamentos, procedimientos y tecnologías que anteriormente resultaban prácticamente inaccesibles para amplios sectores de la sociedad.
Dos grandes propósitos orientaron esta transformación: mejorar las condiciones de salud de la población y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Para ello, desde su creación se reconoció la necesidad de proteger y administrar adecuadamente los recursos destinados a financiar su funcionamiento.
Sin embargo, evaluar el sistema exige reconocer la responsabilidad compartida entre los sectores público y privado, así como el papel de los departamentos y municipios en la organización, coordinación y administración de los servicios, y en el desarrollo de acciones de promoción, prevención y salud pública. También implica comprender cómo las sucesivas modificaciones normativas transformaron los planes de beneficios y las condiciones de aseguramiento de los distintos grupos poblacionales, sin que siempre existiera una perspectiva suficientemente clara sobre la incorporación de nuevas tecnologías y beneficios.
Después de 2010, el sistema fue objeto de múltiples reformas y ajustes que, en ocasiones, parecieron responder a problemas coyunturales sin resolver de fondo sus dificultades estructurales. Posteriormente, la pandemia de 2020 profundizó las tensiones financieras y operativas, dejando en evidencia fragilidades institucionales, dificultades de acceso y un deterioro que ya venía manifestándose en la prestación de los servicios.
En 2023 se plantearon nuevas reformas que suscitaron importantes controversias entre diferentes sectores políticos, institucionales, económicos y sociales. Algunas de estas iniciativas no consiguieron el respaldo legislativo necesario, mientras que las diferencias sobre el rumbo del sistema se trasladaron a escenarios de confrontación institucional y debates sobre los límites de las competencias regulatorias del Ejecutivo.
En medio de este panorama, surge una pregunta que debería convocarnos a todos: ¿cómo recuperamos el sistema de salud?
Considero que la respuesta no está en seguir acumulando diagnósticos ni en convertir la discusión en una confrontación permanente entre modelos, sectores o actores. Colombia no carece de diagnósticos sobre la crisis de su sistema de salud. Durante años se han identificado sus fallas, se han presentado propuestas y se han anunciado reformas. Lo que sigue haciendo falta es la capacidad de convertir ese conocimiento acumulado en decisiones concretas, sostenibles y verificables.
La recuperación exige una intervención integral, decisiones responsables y una combinación estratégica de estabilización financiera, recuperación operativa, reformas estructurales y, sobre todo, voluntad política para atender las necesidades reales de los ciudadanos.
1. Estabilización financiera y saneamiento de las obligaciones
La recuperación debe comenzar por reconocer y sanear las obligaciones financieras acumuladas. Es necesario establecer mecanismos efectivos para el pago de los servicios pendientes, facilitar alternativas de financiación y líneas de crédito blandas que permitan recuperar la capacidad operativa de los prestadores, revisar los procesos de intermediación y optimizar los flujos de recursos.
En los casos que lo ameriten, deben evaluarse mecanismos de giro directo, acompañados de auditorías rigurosas, conciliación de cuentas y verificación de las obligaciones entre aseguradoras, Nación y prestadores de servicios de salud, en todos los niveles de complejidad.
No se trata simplemente de inyectar recursos, sino de garantizar que lleguen oportunamente a donde se necesitan, con reglas claras, trazabilidad, transparencia y cero tolerancia frente a la corrupción.
2. Recuperar el acceso a medicamentos y servicios de salud
No puede hablarse de recuperación mientras un paciente tenga que recorrer múltiples caminos para obtener un medicamento, acceder a una consulta o recibir un tratamiento oportuno.
Es indispensable derribar las barreras de acceso, estabilizar la entrega de medicamentos y priorizar a los pacientes con enfermedades de alto costo y enfermedades crónicas. La oportunidad en la atención no puede seguir siendo una variable secundaria cuando está en juego la vida de las personas.
También se requiere racionalizar los procesos de adquisición de medicamentos, insumos y tecnologías, anticipándose a las presiones inflacionarias y a las fluctuaciones cambiarias que afectan los costos del sector.
3. Recuperar la suficiencia y sostenibilidad de la financiación
El sistema necesita un modelo de financiación que responda a las necesidades reales de la población y a la evolución de sus condiciones epidemiológicas.
Esto implica revisar y actualizar las metodologías de cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de manera que reflejen adecuadamente los riesgos, las necesidades de atención y los costos asociados a la prestación de los servicios.
También es necesario fortalecer la eficiencia del gasto, utilizar responsablemente los recursos disponibles, identificar nuevas fuentes de financiación y evaluar mecanismos complementarios, como gravámenes saludables, contribuciones especiales y recursos nacionales destinados a la reactivación y recuperación del sector.
La sostenibilidad no consiste únicamente en gastar menos, sino en gastar mejor, planificar con rigor y garantizar que cada peso invertido produzca resultados concretos en la salud de la población.
4. Dignificar y fidelizar el talento humano en salud
No podemos pretender recuperar el sistema si quienes tienen la responsabilidad de cuidar la vida y la salud de los demás trabajan en condiciones de incertidumbre, sobrecarga y desprotección.
Es necesario revisar los esquemas de remuneración, corregir los retrasos en los pagos, avanzar en la formalización laboral y garantizar condiciones dignas de contratación, salarios justos y estabilidad.
Asimismo, deben prevenirse las jornadas excesivas, los abusos en los horarios y las cargas laborales desproporcionadas. El bienestar y la salud mental de los trabajadores deben ocupar un lugar prioritario en las políticas del sector.
No podemos permitir que terminen enfermándose quienes tienen la vocación y la responsabilidad de cuidar a los demás.
5. Fortalecer la atención primaria: prevenir antes que curar
Uno de los grandes desafíos consiste en transformar la orientación del sistema hacia un modelo que privilegie la atención temprana, preventiva y territorial, en lugar de concentrar sus esfuerzos en responder únicamente cuando la enfermedad ya está presente.
La atención primaria debe convertirse en el eje articulador de la prestación de los servicios, con capacidad para identificar riesgos, hacer seguimiento a las comunidades, detectar oportunamente las enfermedades y garantizar la continuidad de los tratamientos.
Es necesario avanzar hacia modelos de contratación y financiación que reconozcan los resultados en salud y promuevan la prevención. Prevenir de manera efectiva no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino que también puede evitar complicaciones y generar ahorros importantes para el sistema.
6. Recuperar la confianza y la humanización de los servicios
Por encima de cualquier discusión financiera, administrativa o ideológica, el propósito fundamental del sistema debe seguir siendo el ser humano.
La superación de la crisis exige recuperar una atención digna, cercana y humanizada, orientada por los principios de accesibilidad, oportunidad, calidad, solidaridad, integralidad, universalidad, equidad y eficiencia.
La salud no puede reducirse a cifras, balances, indicadores o disputas institucionales. Detrás de cada servicio hay una persona, una familia y, muchas veces, una vida que depende de una decisión oportuna.
EL SISTEMA DE SALUD LO RECUPERAMOS ENTRE TODOS
Colombia necesita superar la discusión permanente sobre lo que está mal y avanzar hacia acuerdos concretos sobre lo que debemos hacer para corregirlo.
La recuperación no será producto de una sola reforma, de un gobierno, de una institución o de un actor del sector. Requiere responsabilidad compartida, capacidad de concertación, rigor técnico, transparencia y, especialmente, decisiones que pongan al ciudadano en el centro.
Es momento de dejar de administrar la crisis y comenzar a recuperar las capacidades del sistema: estabilizar sus finanzas, rehabilitar su operación, dignificar a quienes lo sostienen y reconstruir la confianza de quienes dependen de él.
La salud que necesitamos debe ser más preventiva que curativa, más proactiva que reactiva, más humana que burocrática y más comprometida con la vida que con cualquier interés particular.
El sistema de salud colombiano no necesita otro diagnóstico que termine archivado ni una nueva confrontación que profundice sus divisiones. Necesita decisiones, acuerdos y resultados. La recuperación debe medirse en medicamentos entregados, tratamientos oportunos, hospitales fortalecidos, trabajadores dignificados y ciudadanos atendidos con calidad y humanidad.
La salud no puede seguir siendo escenario de disputas interminables. Es un derecho, una responsabilidad colectiva y una prioridad nacional. Colombia ya conoce buena parte de sus problemas; ahora tiene el desafío de demostrar que también es capaz de resolverlos.