Con el fin de frenar la corrupción que devora el programa y blindar la operación de este, el senador Antonio Correa radicó este proyecto, de carácter vital, para Colombia en estos momentos.
“El PAE debe ser protegido legalmente para que la contratación de proveedores, la interventoría y la planeación por parte de los departamentos, distritos y municipios se haga de la mejor manera, se respete la calidad de los alimentos brindados y el origen de los suministros. Esta ley protegerá de una vez por todas los recursos sagrados destinados a la comida de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
Esta iniciativa contempla diversas prioridades entre las que podemos destacar:
1. Conformar un Banco de Oferentes para la selección de proveedores del PAE.
2. Adquirir de manera obligatoria alimentos a pequeños productores agropecuarios locales, asociaciones Campesinas certificadas por el secretario de Agricultura del departamento y/o Asociaciones de Víctimas legalmente conformadas.
3. Los departamentos, distritos y municipios certificados en educación deberán contratar la interventoría a las universidades públicas para que estas pongan la lupa en la vigilancia y control de los recursos del PAE.
4. La supervisión solamente será ejercida por funcionarios de los departamentos, distritos y municipios y no por contratistas.
5. Las necesidades del PAE se definirán en las mesas territoriales de carácter departamental, distrital y municipal.
6. Las entidades departamentales, distritales y municipales priorizarán los proyectos que den acceso y potabilización del agua en los establecimientos educativos, con el objetivo de permitir su entrada al PAE.
7. Se priorizarán al 100% las sedes educativas rurales y urbanas cuya población escolar sea más del 50% étnica, víctima del conflicto armado o en condición de discapacidad. También todos los grados de las sedes educativas que tengan jornada única.
8. La Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar – Alimentos para Aprender, del Ministerio de Educación reglamentará esta ley.