-Desde el próximo 30 de junio, alcaldías y gobernaciones deberán asumir la alimentación de personas privadas de la libertad en URIs y estaciones de Policía.
A partir del 30 de junio, las gobernaciones y alcaldías del país estarán obligadas a financiar la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) que se encuentran en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía y en estaciones de Policía. Esta nueva responsabilidad administrativa se deriva de un fallo de la Corte Constitucional de 2022, que posteriormente fue convertido en ley por el Congreso de la República.
La decisión ha generado una fuerte preocupación entre mandatarios locales y departamentales, quienes advierten que no cuentan con los recursos suficientes para asumir esta nueva carga sin afectar programas prioritarios.
Durante su intervención en el Congreso Nacional de Municipios, que se celebra en Cartagena, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, expresó con firmeza su rechazo a esta medida.
“Nos están obligando a escoger entre alimentar a las personas privadas de la libertad o garantizar la alimentación escolar de nuestros niños. Entendemos el componente humanitario del asunto, pero esta no puede ser una competencia de los entes territoriales”, afirmó el gobernador.
En Bolívar, cerca de tres mil personas se encuentran en esta condición, lo que representaría una carga fiscal considerable para el departamento. Según el mandatario, esta obligación impuesta por mandato judicial vulnera la autonomía fiscal y operativa de los entes territoriales.
“No es justo que la Corte Constitucional —a la que respeto profundamente— siga legislando desde sus fallos. Para eso existe el Congreso. Nos están trasladando responsabilidades sin recursos, imponiendo cargas que no podemos solventar. Los ingresos de los departamentos son limitados y muchas veces regresivos, por lo que decisiones como esta ponen en riesgo la sostenibilidad de programas sociales fundamentales”, agregó Arana Padauí.
El gobernador también hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso para revisar urgentemente los impactos fiscales de este tipo de medidas en los territorios, y evitar que los departamentos y municipios terminen siendo los únicos responsables de financiar obligaciones que históricamente han estado en manos del Gobierno Central.