En el marco del Plan Caribe Anticontrabando 2025, la Gobernación de Bolívar, a través de la Dirección de Ingresos y su Grupo Operativo Anticontrabando, en articulación con la Policía Metropolitana de Cartagena, adelantó un contundente operativo que culminó con el cierre de una distribuidora ilegal de licor artesanal, ubicada de forma clandestina en el tradicional barrio Getsemaní, en pleno Centro Histórico de Cartagena.
La intervención se realizó durante una jornada de inspección, vigilancia y sensibilización orientada al control del contrabando de licores y cigarrillos en la ciudad. En el operativo se identificó un establecimiento comercial que, bajo la fachada de una tienda de comestibles, ocultaba y distribuía licor artesanal en condiciones irregulares. El producto era envasado en botellas plásticas reutilizadas, almacenado sin medidas sanitarias, comercializado sin registro sanitario ni facturación, y evadiendo los impuestos departamentales correspondientes.
Durante la inspección fueron incautadas más de 30 botellas con licor artesanal, así como embudos y decenas de envases vacíos listos para ser reutilizados en esta actividad ilegal. Por estos hechos, la Dirección de Ingresos procedió al sellamiento inmediato del establecimiento, en cumplimiento de la normatividad vigente.
“Desde la Gobernación de Bolívar estamos actuando con firmeza contra el contrabando, porque está en juego la salud de nuestra gente, la legalidad del comercio y los recursos que sostienen programas sociales en todo el departamento. Este cierre en el Centro Histórico de Cartagena es una señal clara de que no vamos a permitir que negocios ilegales sigan operando impunemente”, afirmó el gobernador Yamil Arana Padauí.
El director de Ingresos de la Gobernación de Bolívar, Gerardo Rodríguez, explicó que este tipo de prácticas no solo constituye una infracción fiscal y comercial, sino que representa un riesgo latente para la salud pública:
“Estamos hablando de bebidas sin ningún tipo de control sanitario, elaboradas sin garantías para el consumidor y vendidas de manera clandestina. Esto pone en peligro la salud de los ciudadanos y afecta directamente los recursos del departamento”, señaló.
Rodríguez recordó que quienes incurran en la comercialización de licores ilegales se exponen a sanciones como la aprehensión de la mercancía, el cierre temporal o definitivo del establecimiento, la imposición de multas económicas, la pérdida de la licencia de funcionamiento y, en casos graves, a procesos penales que podrían derivar en privación de la libertad.
