Una tutela admitida por un juzgado de la ciudad frenó el inicio de las obras de remodelación en instituciones educativas públicas de Cartagena, anunciadas el pasado martes por el alcalde Dumek Turbay. La medida generó una inmediata reacción del mandatario, quien a través de un extenso pronunciamiento en la red social X criticó con dureza la decisión y a quienes promovieron la acción judicial.
Turbay calificó la tutela como el resultado de “intenciones mezquinas” y lamentó que con esta providencia se suspenda un proyecto que buscaba recuperar colegios que, según dijo, fueron recibidos por su administración en condiciones deplorables. “Más de 30 años sin que se les echara siquiera una manito de pintura. Escuela donde llegamos, las estructuras se desmoronan, causando zozobra entre la comunidad educativa”, señaló.
El alcalde aseguró que el anuncio de las intervenciones había generado una gran expectativa en las comunidades escolares: “No se imaginan la ilusión que provocó entre estudiantes, rectores, profesores y padres de familia. Estaban felices, dichosos, satisfechos. Pero hoy regresó la incertidumbre”, expresó.
En su declaración, Turbay insistió en que la suspensión de las obras representa un nuevo obstáculo al desarrollo de la ciudad: “En Cartagena somos campeones olímpicos en sabotear proyectos de desarrollo. Aquí cuando no se hace, porque no se hace, y cuando se hace, que por qué se hace. A esos que ni lavan ni prestan la batea, la historia los juzgará”, afirmó.
El mandatario también se refirió a uno de los argumentos de la tutela, que alegaba la falta de garantías para la continuidad académica durante el proceso de rehabilitación. Al respecto, aseguró que su administración tenía previstos todos los mecanismos para evitar afectaciones. “Teníamos listos los planes de contingencia: sedes provisionales, calidad educativa y alimentación escolar asegurada. Nada iba a fallar mientras reconstruíamos sus colegios”, enfatizó.
Finalmente, aunque reiteró que su gobierno será respetuoso de las decisiones judiciales, el alcalde dejó claro que la suspensión significa un retroceso para Cartagena y una frustración para miles de estudiantes que esperaban estrenar entornos escolares modernos y seguros.