Luego de que la Procuraduría General de la Nación hubiera advertido la necesidad urgente de atender los requerimientos de las víctimas del conflicto que habitan las zonas de influencia del Canal del Dique, la JEP decretó medidas cautelares restaurativas acogiendo las solicitudes que hizo el procurador delegado ante esa instancia, Jairo Acosta Aristizábal, durante su audiencia en Cartagena.
Para el delegado del Ministerio Público resultaba impostergable la adopción de acciones tendientes a evitar nuevas revictimizaciones como resultado de la ausencia de medidas para preservar cualquier evidencia de cuerpos de personas dadas por desaparecidas, que se presume que fueron arrojadas a las aguas del canal.
En consideración a lo anterior la magistratura ordenó al Ministerio de Transporte y a la ANI, el diseño, redacción e inclusión de un protocolo arqueológico forense para la búsqueda de personas desaparecidas, en el término de 4 meses.
También constituir, de inmediato, una mesa técnica con la asesoría de la UBPD y el acompañamiento y coordinación de la Procuraduría. El protocolo deberá aplicarse en cualquier tipo de intervención del Canal del Dique, derivada del proceso contractual en curso o de aquellos que lo adicionen, modifiquen o transformen.
Así mismo, debe contemplar, tal como lo solicitó la Procuraduría en la audiencia, que el protocolo no solo establezca hallazgos fortuitos de cuerpos, sino la garantía de los derechos relacionados con la búsqueda, exhumación, tratamiento, entrega digna y demás actividades respecto de cuerpos de personas dadas por desaparecidas.
Frente a la reiterativa solicitud del Ministerio Público de garantizar la articulación interinstitucional en los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna de cuerpos no identificados de víctimas del conflicto armado en el Canal del Dique, la JEP ordenó al Ministerio de Transporte la constitución de una mesa interinstitucional de articulación integrada por el Ministerio de Transporte, ANI, la Cámara Colombiana de infraestructura, la UBPD, el Ministerio de Ambiente, la ANLA, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y el ICAN, así como la dirección de asuntos indígenas, rom y minorías, la de comunidades negras, raizales y palenqueras y la autoridad de consulta previa del Ministerio del Interior, con el acompañamiento de la Procuraduría Delegada ante la JEP, para que se elabore un protocolo de salvaguarda de cuerpos no identificados de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano, extensivo a futuras obras y proyectos en Colombia.
Al finalizar el evento la Procuraduría General de la Nación señaló que insistirá ante la magistratura para que se otorguen medidas de protección para los líderes, lideresas y representantes de la Ruta del Cimarronaje que denunciaron ante el Ministerio Publico amenazas en contra de su vida en razón al liderazgo que desempeñan.
También que la JEP le solicite a la UARIV un cronograma para la identificación de los sujetos colectivos que no se han determinado; se desarrollen jornadas pedagógicas y de acreditación para las víctimas de la Ruta del Cimarronaje y se incluya un módulo sobre el Canal del Dique en la Cátedra de Paz.