-. Aunque inicialmente se había ordenado arresto y multa por desacato, el despacho judicial determinó que la administración distrital avanzó en el cumplimiento de la tutela que protege el derecho a la educación de cientos de estudiantes.
En una decisión que marca un nuevo capítulo en el proceso judicial relacionado con la infraestructura educativa en Cartagena, el Juzgado Quinto Laboral Municipal de la ciudad ordenó levantar la sanción que había sido impuesta al alcalde Dumek Turbay y al secretario de Educación, Alberto Marínez Monterrosa, por el presunto desacato a un fallo de tutela.
La medida fue adoptada el 29 de abril de 2026, luego de que el despacho analizara los avances reportados por la administración distrital frente a las órdenes emitidas en 2025, que buscaban mejorar las condiciones de la Institución Educativa Normal Superior de Cartagena, sede Emma Villa de Escallón.
Inicialmente, el juzgado había declarado responsables a las autoridades distritales por no demostrar oportunamente el cumplimiento del fallo, lo que derivó en la imposición de tres días de arresto y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sin embargo, tras una nueva revisión del caso, el juez determinó que sí se realizaron acciones encaminadas a cumplir lo ordenado, aunque de manera tardía.
El centro del conflicto: garantizar condiciones dignas para los estudiantes
La tutela que dio origen al proceso fue presentada con el propósito de exigir mejoras urgentes en la infraestructura del plantel educativo, donde se evidenciaban fallas estructurales que comprometían la seguridad y bienestar de los estudiantes.
Entre las intervenciones ordenadas por el juez se encontraban la demolición de un muro perimetral posterior, la reparación de muros laterales y frontales, la adecuación de cubiertas y columnas deterioradas, la eliminación de humedad en paredes y el mejoramiento general de la cancha y estructuras del colegio.
Además, el fallo dispuso que, mientras se ejecutaban las obras, el Distrito debía garantizar el derecho a la educación de los estudiantes mediante su reubicación temporal en condiciones dignas y seguras.
Avances que cambiaron el rumbo del proceso
En su análisis, el despacho judicial destacó que la administración distrital adelantó acciones clave que demostraron su intención de cumplir con la orden judicial.
Uno de los avances más relevantes fue la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) destinado a financiar las obras de infraestructura, un paso fundamental dentro del proceso contractual que garantiza la viabilidad financiera de las intervenciones.
Asimismo, se confirmó que los estudiantes fueron trasladados a la sede principal de la institución bajo condiciones de seguridad y dignidad, luego de un proceso de concertación con padres de familia, docentes y directivos.
El juez también resaltó que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) continuó prestándose con normalidad en el nuevo lugar, garantizando la permanencia de los menores en el sistema educativo.
Una decisión basada en el cumplimiento, no en la sanción
En su providencia, el juzgado recordó que la finalidad del incidente de desacato no es castigar a los funcionarios, sino lograr que se cumplan las órdenes judiciales que protegen derechos fundamentales.
Por ello, al evidenciar que las autoridades distritales adelantaron acciones concretas para dar cumplimiento a la tutela —aunque fuera de manera extemporánea— el despacho resolvió desmaterializar la sanción impuesta el 17 de abril de 2026, que había sido confirmada por un juzgado superior días después.
Con esta decisión, también se ordenó la terminación y archivo del incidente de desacato, al considerar que el objetivo principal del proceso —el cumplimiento de las medidas ordenadas— comenzó a materializarse.
Más allá del fallo: el reto sigue siendo la infraestructura educativa
Aunque la sanción fue levantada, el caso deja en evidencia uno de los desafíos persistentes en la ciudad: el estado de la infraestructura educativa y la necesidad de actuar con celeridad para garantizar condiciones dignas para los estudiantes.
Para las familias y la comunidad educativa de la sede Emma Villa de Escallón, el proceso judicial ha sido más que un trámite legal: ha sido un llamado de atención sobre la urgencia de proteger el derecho a la educación en espacios seguros.
El avance de las obras y el cumplimiento total de las órdenes judiciales serán ahora los elementos clave para cerrar definitivamente este capítulo y asegurar que los estudiantes regresen a un entorno adecuado para su aprendizaje.