Comienza un nuevo período legislativo y, con él, una pregunta: ¿La agenda que impulsarán los congresistas elegidos por Bolívar para la ciudad?
Con frecuencia se atribuye el futuro de Cartagena exclusivamente a la gestión del alcalde o del gobernador. Es una visión incompleta. El Congreso de la República dispone de instrumentos constitucionales de enorme alcance: legislar, ejercer control político, exigir el cumplimiento de las leyes, citar a los ministros, solicitar información al Gobierno Nacional y hacer seguimiento a las políticas públicas.
En otras palabras, los congresistas tienen mucho más que votos en el Capitolio; tienen la capacidad de convertirse en gestores del desarrollo de su región.
Por eso, antes de comenzar a presentar nuevas iniciativas, lo cual es loable, considero respetuosamente que la bancada de Bolívar podría asumir una tarea mucho más urgente: hacer cumplir las leyes que ya existen para Cartagena.
El mejor ejemplo es la Ley 1784 de 2016, conocida como la Ley del Sitio, cuya aprobación tuve el honor de promover como autor. Esta norma no nació únicamente para conmemorar el Bicentenario del Sitio de Cartagena; fue concebida como una verdadera hoja de ruta para transformar la ciudad mediante inversiones estratégicas en infraestructura, movilidad, competitividad, turismo y recuperación ambiental.
Allí quedaron incluidos proyectos que siguen siendo prioritarios casi una década después: la protección costera —hoy en ejecución—, el Plan Maestro de Drenajes Pluviales y Control de Mareas, la recuperación del sistema de caños y lagos, el terminal turístico de cruceros, el boulevard de Bocagrande, la avenida Quinta de Manga, el transporte acuático, la culminación de la Vía Perimetral, el acueducto de Tierra Bomba, la recuperación de la Ciénaga de la Virgen, la ampliación del corredor industrial de Mamonal y la conexión entre Bocagrande y Manga mediante un puente o un túnel.
La sola lectura de ese listado demuestra una realidad evidente: Cartagena no necesita nuevas normas urgentes; buena parte de ellas ya fueron aprobadas por el Congreso.
Lo que hace falta es voluntad política para convertir la ley en realidad, ahí está el ejemplo de los primeros recursos de la protección costera.
Sería saludable que la bancada de Bolívar promoviera debates de control político para conocer qué proyectos se ejecutaron, cuáles permanecen archivados y por qué razones. También sería oportuno impulsar una reglamentación integral de la Ley 1784 que permita coordinar a las distintas entidades nacionales responsables de su ejecución.
La tarea tampoco termina allí.
La Ley 1617 de 2013, Estatuto de los Distritos Especiales, contempla en sus artículos 106, 107 y 108 proyectos estratégicos para Cartagena, entre ellos el Terminal de Cruceros, el Coliseo Ferial y el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para el Turismo. Tuve la oportunidad de proponer estos artículos durante su trámite legislativo, a partir de un proceso de concertación con distintas fuerzas vivas de la ciudad, especialmente con la Cámara de Comercio de Cartagena y el centro de pensamiento que operaba en esa época. Se trata de iniciativas concebidas para fortalecer la competitividad de Cartagena y que aún esperan su plena materialización.
Igualmente, resulta pertinente revisar el estado de la Ley 2038 de 2020, mediante la cual se creó el Fondo de Sustentabilidad Pro Cartagena 500 años, iniciativa promovida por el entonces senador Fernando Nicolás Araújo Rumié. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué recursos se han gestionado, qué proyectos se han financiado y cuál ha sido el verdadero impacto de este instrumento.
Pero la agenda legislativa no puede limitarse a revisar el pasado. También debe responder a los desafíos del presente.
Cartagena necesita discutir medidas que fortalezcan su competitividad. Una de ellas podría ser la revisión del régimen tarifario de la energía para el sector turístico, especialmente para la hotelería, con el propósito de reducir costos, estimular nuevas inversiones y generar empleo.
Y existe otro debate que merece abordarse sin prejuicios: la manera como la Nación distribuye los recursos generados por ciudades como Cartagena. La discusión sobre las contraprestaciones portuarias y, en general, sobre la relación fiscal entre el territorio que produce la riqueza y el Estado que la administra no debe entenderse como un enfrentamiento entre regiones. Se trata, más bien, de analizar si los actuales mecanismos de distribución responden a criterios de equidad y desarrollo territorial. Es un debate serio que el Congreso no debería seguir aplazando.
Los ciudadanos no eligen congresistas únicamente para intervenir en los grandes debates nacionales. También los eligen para defender los intereses de sus regiones, ejercer control político y abrir las puertas del Gobierno Nacional cuando las obras se detienen o las leyes se incumplen.
Por eso, el inicio de esta nueva legislatura representa una oportunidad. Les deseo éxitos a los congresistas de Bolívar, todos con grandes capacidades y varios con una amplia experiencia legislativa. Pero, sobre todo, espero que conviertan a Cartagena en una prioridad permanente de su trabajo.
Porque la ciudad no necesita más leyes para llenar los anaqueles del Congreso. Necesita congresistas que hagan cumplir las que ya existen.
Solo entonces las promesas escritas podrán convertirse en carreteras, drenajes, puertos, turismo, inversión y calidad de vida para los cartageneros.
* Excongresista, exalcalde (e) de Cartagena, exconcejal y expersonero.