La Sección Primera del Consejo de Estado dejó en firme la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordena a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y al Ministerio de Minas y Energía revisar y reestructurar de manera urgente la fórmula tarifaria del servicio de energía eléctrica aplicada en la regió Caribe del país.
La acción popular fue promovida inicialmente por las Personerías Distritales de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, a las cuales se sumaron como coadyuvantes diversas entidades del orden local y gremial, entre ellas *la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias*, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Montería, la Coordinadora para la Defensa de los Usuarios de Servicios Públicos, la Alcaldía de Barranquilla, y la Gobernación del Atlántico, entre otros.
El *Distrito de Cartagena de Indias, bajo la administración de Dumek Turbay*, se apersonó e intervino formalmente como coadyuvante de la parte demandante (las Personerías). Esta postura procesal buscó respaldar jurídicamente la solicitud de suspensión de las resoluciones de la CREG y exigir una revisión estructural de las tarifas para proteger el bolsillo de los cartageneros.
Los demandantes demostraron técnicamente cómo el Costo Unitario (CU) del servicio de energía se incrementó de manera desmedida en la Región Caribe a raíz de la implementación del régimen transitorio especial fijado por el Gobierno Nacional y la CREG tras la salida de Electricaribe y la entrada de los nuevos operadores (Air-e y Afinia).
_El panorama tarifario: ¿Por qué la decisión judicial?_
Desde la expedición del régimen transitorio especial en materia tarifaria para el Caribe (Resoluciones CREG 010 de 2020 y 078 de 2021), las tarifas cobradas por las empresas operadoras Air-e y Afinia registraron incrementos acumulados que bordearon entre el 39% y el 50% entre 2021 y 2022. De acuerdo con reportes presentados por el DANE, ciudades como Santa Marta, Barranquilla y Riohacha reportaron incrementos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de electricidad significativamente superiores al promedio nacional.
Los estudios técnicos aportados al expediente revelaron que la principal variable detrás de esta alza desproporcionada fue el componente de pérdidas de energía reconocidas. Este mecanismo regulatorio permitió trasladar a la factura de los usuarios que sí pagan el costo de la energía robada o no facturada en vigencias anteriores, así como la falta de ejecución de planes de inversión en infraestructura que no se realizaron oportunamente por parte de los operadores.
_Lo que dijo el Consejo de Estado_
El alto tribunal constitucional concluyó que, si bien la legislación y el régimen tarifario de los servicios públicos admiten la recuperación de costos e inversiones de las Empresas de Servicios Públicos (ESP), este reconocimiento debe estar supeditado al cumplimiento estricto de metas de calidad, eficiencia en la prestación e inversiones previas y efectivas en infraestructura.
«No se puede autorizar el cobro preventivo a los usuarios sin la ejecución previa de las obras ni una disminución real de las pérdidas. Las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los usuarios los costos de una gestión ineficiente», sostiene la providencia judicial citando el régimen general de servicios públicos.
Adicionalmente, los estudios econométricos y sociales incluidos en la demanda advierten que el 71% de los hogares que cayeron en condición de pobreza monetaria en el país a causa del costo del servicio eléctrico pertenecen a la Región Caribe, comprometiendo gravemente la capacidad económica de sus habitantes.
_Las tres principales órdenes del fallo cautelar_
El Consejo de Estado ordenó mantener e implementar de manera inmediata las siguientes disposiciones dirigidas a las autoridades reguladoras e intervinientes:
Convocatoria a Audiencia Pública e Integración Caribe: La CREG debe organizar una audiencia pública y sesión de trabajo con la presencia obligatoria del Ministerio de Minas y Energía, los alcaldes, gobernadores y parlamentarios del Caribe, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los operadores (Air-e y Afinia), gremios de distribuidores y representantes de los usuarios.
Revisión del Indexador e Impactos: Evaluar el impacto socioeconómico de las Resoluciones CREG 010 de 2020 y 078 de 2021. La Comisión deberá desvincular el Índice de Precios al Productor (IPP) en los componentes regulados e indexarlos al Índice de Precios al Consumidor (IPC), reestructurando los componentes de restricciones y pérdidas eficientes.
Inicio de Actuación Administrativa para Reducción Tarifaria: Finalizada la audiencia pública, la CREG y el Ministerio de Minas deberán tramitar una actuación administrativa que culmine en la expedición de actos regulatorios orientados a reducir directamente la tarifa final pagada por los usuarios en la Costa Atlántica.
El fallo ratifica que existen pruebas concluyentes sobre la afectación a los derechos colectivos de los habitantes de la región, originada por el traslado injustificado a los usuarios cumplidores de los costos por ineficiencia operacional, falta de inversión en infraestructura y las altas pérdidas no técnicas del sistema (robo o pérdida de energía).
Tanto la CREG, el Ministerio de Minas, como los gremios de la energía (ASOCODIS) y las empresas EPM y Air-e interpusieron recursos argumentando que estas medidas afectan la suficiencia financiera de las empresas, la libertad de empresa y la estabilidad operacional del mercado.
Sin embargo, el tribunal desestimó dichos reclamos al constatar que las empresas no demostraron haber realizado las inversiones en infraestructura o logrado reducir efectivamente las pérdidas antes de realizar los traslados de cobros a las facturas del servicio.