Cartagena amanece todos los días con nuevas tensiones urbanas. Algunas visibles, como las obras en curso o los operativos de control; otras más sigilosas, como las que se gestan en la oscuridad de la noche, cuando algunos deciden que las normas no aplican para ellos. Lo ocurrido recientemente en el sector de Manzanillo del Mar, con el predio invadido durante más de una década por el establecimiento comercial Maremagnum, es el reflejo de esa segunda Cartagena: la que se construye al margen de la ley y que desafía, una y otra vez, el principio de autoridad.
El viernes 11 de julio, la Alcaldía de Cartagena ejecutó la restitución de un predio que por años estuvo ocupado de forma ilegal. En ese lote, ubicado estratégicamente en la Zona Norte de la ciudad, se construirá un complejo deportivo y un salón comunal que beneficiará a los habitantes del corregimiento. Fue una acción amparada por una orden policiva y respaldada por diferentes dependencias del Distrito: Secretaría del Interior, Gerencia de Espacio Público y Movilidad, Dirección de Apoyo Logístico y la Inspección de Policía de La Boquilla.
La jornada fue celebrada por la comunidad como un acto de justicia territorial y un paso hacia la recuperación de lo público. Sin embargo, la aparente victoria institucional duró poco.
La noche como cómplice
En la madrugada del sábado, cuando el bullicio de la ciudad cedía al silencio, el antiguo ocupante del predio regresó. Ingresó por una puerta lateral, violando los sellos oficiales impuestos por la Inspección, y empezó a levantar una pared de bloques y estructuras metálicas. Lo hizo sin licencias, sin autorización, sin respeto por la decisión legal que apenas horas antes lo había obligado a salir. Fue una acción premeditada, ejecutada con la misma frialdad con la que se ejecutan los actos de quienes saben que están delinquiendo.
El mensaje era claro: no importaba la ley, ni la autoridad, ni el derecho colectivo al espacio. Lo que primaba era una voluntad personal de seguir apropiándose de un bien público como si fuera propio.
Un patrón que se repite
No es la primera vez que en Cartagena se restituyen predios solo para que, días después, los ocupantes regresen por la fuerza o con argucias jurídicas. Es un fenómeno que revela una falla estructural en la cultura del cumplimiento normativo, pero también en la eficacia de las sanciones. La reincidencia se ha vuelto norma en algunos sectores, y el caso Maremagnum se suma a una larga lista de episodios donde la legalidad parece siempre en desventaja frente a la persistencia de la ilegalidad.
Desde el Distrito se actuó con celeridad. El mismo sábado, tras detectar la nueva invasión, personal de Apoyo Logístico derribó las obras clandestinas y reforzó los controles sobre el predio. Pero la sensación que queda es agridulce: ¿hasta cuándo se va a jugar este juego del gato y el ratón con quienes desconocen el ordenamiento urbano?
Más que un muro, una afrenta
Construir una pared en un predio público no es solo un delito urbanístico. Es un acto simbólico: es marcar territorio sobre lo que no pertenece, es imponer una lógica privada sobre un derecho colectivo. Y cuando ese muro se levanta en la noche, burlando sellos y medidas de policía, lo que se pone en duda no es solo la norma, sino la legitimidad misma del Estado.
El discurso institucional ha sido enfático: “así no se hacen las cosas”. Pero ese mensaje, para que no suene vacío, necesita acompañarse de consecuencias efectivas. No basta con tumbar la pared; se necesita aplicar sanciones ejemplares, activar mecanismos judiciales y proteger físicamente el espacio para que no vuelva a ser tomado.
La defensa de lo común
Lo que está en juego en Maremagnum no es un lote, es el modelo de ciudad que queremos construir. Una donde lo público sea sagrado, donde las reglas se apliquen por igual y donde las comunidades puedan disfrutar de espacios dignos, sin que estos sean capturados por intereses particulares disfrazados de emprendimiento o inversión.
La recuperación del predio en Manzanillo del Mar no es solo una acción administrativa, es una decisión política y social de alto valor: en ese lugar no habrá un restaurante cerrado para unos pocos, sino un complejo deportivo para niños, jóvenes y adultos de la comunidad. Allí no habrá mesas privadas, sino canchas abiertas. No habrá muros, sino espacios para encontrarse.
¿Y ahora qué?
La administración distrital ha dicho que no dará un paso atrás. Que protegerá el predio, que investigará la reincidencia y que seguirá adelante con el proyecto comunitario. Es un mensaje necesario, pero no suficiente.
Este caso debe abrir un debate más profundo sobre la reincidencia urbanística y el costo que tiene para la ciudad. ¿Por qué se repiten estos hechos? ¿Qué herramientas tiene realmente el Estado para frenar a los invasores persistentes? ¿Cómo garantizar que una restitución no se revierta en 24 horas?
Mientras esas preguntas no tengan respuesta, Cartagena seguirá viviendo entre dos mundos: el de la norma escrita y el de la norma ignorada. Y mientras unos construyen ciudad con legalidad y compromiso, otros seguirán intentando apropiársela a oscuras, un ladrillo ilegal a la vez.
Porque construir ciudad no es levantar muros de noche: es derribarlos en nombre del bien común.