Las protestas de los beneficiarios han sido la constante por la dilación de Corvivienda.
La UT Cartagena de Indias ha convocado a los beneficiarios del Proyecto Ciudadela de la Paz para la entrega de 640 llaves al gerente de Corvivienda, mientras reclaman el pago de una deuda de 3.000 millones de pesos.
Tras completar la construcción de 1824 unidades habitacionales, los beneficiarios de 640 aguardan la entrega de sus viviendas. Sin embargo, advierte la UT Cartagena de Indias, se ha acumulado una deuda de 3.000 millones de pesos, correspondientes a los subsidios acordados. Señalan que, a pesar de la finalización de las obras el 28 de mayo de 2023, el Gerente de Corvivienda se niega a desembolsar el 30% pendiente.
“Se invita a los beneficiarios que aún no han recibido sus viviendas para que mañana martes 10 de octubre a las 8 am acudan a las instalaciones de Corvivienda, con la esperanza de que la presencia del Gerente en la recepción de las llaves agilice el proceso”, dijo un portavoz de la UT Cartagena de Indias. Así mismo, subrayó que los subsidios pertenecen a los beneficiarios y no al Gerente de Corvivienda ni al Distrito.
Por otro lado, el portavoz de la Unión Temporal indicó que se proporcionará un enlace para consulta de los beneficiarios con detalles sobre las fechas de entrega y titularidad de cada apartamento, con el fin de aclarar la responsabilidad en los retrasos y presionar por el cumplimiento de los acuerdos.
Precisó que: “Desde el inicio en enero de 2019, se reportaron demoras de seis meses debido a extensos procesos de revisión de documentos, en lugar de iniciar las obras. Además, se insinuó una falta de confianza hacia los beneficiarios. Sin embargo, tras demostrar su compromiso y responsabilidad con el proyecto, así como su cumplimiento en la construcción de 1824 unidades habitacionales, se evidenció la dedicación del equipo. El conflicto se centra en las etapas 3, 4 y 5 del proyecto Ciudadela de La Paz, donde el Gerente de Corvivienda se niega a desembolsar el valor completo de los subsidios acordados para las viviendas. Según el Ministerio de Vivienda, el 70% de los subsidios se debe entregar al oferente una vez la vivienda esté completamente construida y certificada por FINDETER. El 30% restante se desembolsa una vez la vivienda está debidamente registrada a nombre de cada beneficiario, y este proceso ya se ha completado”.
De igual forma, el representante de la Unión Temporal Cartagena de Indias agregó: “Durante los últimos dos años y medio, Corvivienda retrasó el proyecto e incumplió con su compromiso de aportar recursos según los acuerdos contractuales. La finalización de las viviendas se logró gracias a recursos adicionales aportados por los constructores”.
“A pesar de que las viviendas se terminaron el 28 de mayo de 2023, a la fecha no se han desembolsado los recursos correspondientes al 30% de todas las viviendas”, advierte.
Los constructores subrayan que, aunque empezaron a recibir pagos por los saldos adeudados, estos se detuvieron misteriosamente. La ocupación ilegal de apartamentos presionó a Corvivienda a desembolsar aproximadamente 700 millones de pesos, pero aún se adeudan 2.500 millones correspondientes a estos subsidios, además de 500 millones por retenciones ilegales.
Por último, la UT Cartagena de Indias resalta que, además, siguen pendientes de pago costos asociados a mano de obra, proveedores y vigilancia. Se hace hincapié en la discrepancia entre los precios de 2019 y los actuales debido a la pandemia y al aumento generalizado de precios de materiales.