Luego de atender una denuncia instaurada por el veedor Jair Caro Villalba, por presuntas irregularidades en la ESE de Turbaco, la Contraloría Departamental de Bolívar realizó una actuación especial de fiscalización en la que dicha entidad no dio respuesta alguna al informe preliminar sobre hallazgos que ascienden a la suma de 212 millones de pesos, mientras culminan los procesos de responsabilidad fiscal.
Lo anterior se debe a que en la ESE se realizó una contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales.
A través del área de Responsabiliad Fiscal, se le dio apertura a 7 procesos Ordinarios de Responsabilidad Fiscal, en los cuales se vinculó, entre otros, a la actual subgerente Administrativa, Olimpia Gómez Castillo y al tesorero de la entidad, Rafael Alfonso Díaz Cano.
Realizada la vinculación, y por silicitud del área de Responsabilidad Fiscal, la Contraloria ha decidido suspender de manera inmediata a la Subgerente Administrativa quien ejerció como supervisora de los contratos y al Tesorero de la entidad, quien realizó los pagos, al parecer, sin contar con los requisitos legales, por lo tanto, su permanencia en el cargo podría afectar la transparencia e imparcialidad de los procesos, en especial, en lo relacionado al recaudo de las pruebas.
“Esta facultad de solicitar la suspensión del funcionario, le viene dada a la Contraloría desde el artículo 268 constitucional, en aplicación del principio de ‘verdad sabida y buena fe guardada’ y en razón a ello, luego de estudiar los expedientes, las pruebas obrantes en los mismos, se emiten las resoluciones No 0298 y 0299 del 25 de octubre de 2022, donde se solicita a la actual Gerente de la ESE, que proceda de manera inmediata a la suspensión de dichos funcionarios.
Cabe anotar también que esta es una medida transitoria para determinar con el debido proceso la existencia o no de un daño patrimonial a la entidad.