Han pasado once años desde que Nelson David Fernández Mercado terminó su servicio social obligatorio como odontólogo en la ESE Centro de Salud Giovanni Cristini de El Carmen de Bolívar. Once años también desde que empezó una batalla que parecía sencilla: reclamar el pago de salarios, prestaciones y cesantías que la entidad nunca le reconoció.
En 2016, el Juzgado Sexto Administrativo de Cartagena le dio la razón y condenó a la ESE al pago de lo adeudado. La decisión quedó en firme en 2017. Pero la entidad alegó que no tenía presupuesto y nunca cumplió.
El tiempo pasó, y Nelson, cansado de la indiferencia, presentó nuevas reclamaciones. En 2018 pidió la sanción moratoria por las cesantías. La ESE ni siquiera respondió. Fue necesario que, en 2022, el mismo juzgado librara un mandamiento de pago para obligar a la entidad a cumplir .
La historia continuó en 2024. En junio, el Juzgado Doce Administrativo condenó a la ESE a pagar la sanción moratoria: un día de salario por cada día de retraso . Y en diciembre, el Juzgado Sexto aprobó la liquidación definitiva: más de $12 millones en capital y cerca de $20 millones en intereses moratorios .
Hoy, Nelson David Fernández Mercado carga con la incertidumbre de más de una década de espera, con un fallo tras otro a su favor, pero con el mismo resultado: la ESE Giovanni Cristini sigue sin pagar. “Mi intención siempre ha sido conciliar”, dice él, tras recordar los intentos fallidos de diálogo con dos gerentes distintos de la entidad.
El caso de Nelson no solo desnuda la negligencia de una ESE local. También retrata la cara más amarga de la justicia en Colombia: cuando ganar un proceso no significa recibir lo que en derecho corresponde, y el tiempo se convierte en el peor enemigo del trabajador.