La escena que se vivió en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena parecía sacada de un mal episodio de televisión: escritorios volcados, equipos destruidos, gritos, tensión. Todo causado por un solo hombre: Emanuel Hernández, ciudadano estadounidense de 42 años, quien desató su furia contra el personal y las instalaciones de Migración Colombia tras ser notificado de un procedimiento migratorio.
Hoy, tras varios días de incertidumbre, este ciudadano fue finalmente expulsado del territorio nacional y no podrá ingresar nuevamente a Colombia durante los próximos 10 años.
Un acto inadmisible y una respuesta contundente
El episodio generó amplio rechazo institucional. No solo por los daños materiales ocasionados —que todavía están en proceso de evaluación por parte de Migración Colombia— sino por el atentado simbólico contra el respeto, la legalidad y la soberanía que todo país merece.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, fue enfático:
“Colombia y Cartagena son destinos de puertas abiertas, pero eso no significa que toleraremos agresiones contra nuestras autoridades. Aquí se respetan las instituciones. Esta expulsión no solo es justa: es un mensaje claro de que no permitiremos actos de violencia en nuestra casa”.
Según la Dirección Regional de Migración Colombia, el extranjero causó daños considerables a mobiliario institucional y fue denunciado por el delito de daño en bien ajeno. Sin embargo, el proceso se vio temporalmente bloqueado por la negativa de varias aerolíneas a venderle un pasaje de retorno, situación que retrasó su salida del país.
Finalmente, este viernes, y bajo custodia de Migración Colombia, Emanuel Hernández fue trasladado a la ciudad de Miami, en cumplimiento de los protocolos establecidos. La medida fue solicitada por la aerolínea, en condiciones de seguridad y sin mayor novedad.
Cartagena, ciudad de ley y convivencia
Desde el gobierno distrital se hizo seguimiento minucioso al caso, no solo por el impacto en la infraestructura institucional, sino también por el precedente que deja frente al comportamiento de extranjeros que visitan o residen en la ciudad.
El secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, Bruno Hernández, reafirmó el compromiso de la administración Turbay con la legalidad y la seguridad:
“Celebramos que la expulsión se haya hecho efectiva. Cartagena es una ciudad hospitalaria, pero también es una ciudad de respeto. Lo sucedido no puede repetirse, y por eso enviamos un mensaje firme: aquí se acatan las normas, sin excepción.”
Hernández reiteró que desde su dependencia se acompañó el proceso de expulsión y se solicitó a las autoridades nacionales que se aplicara la máxima medida posible dentro del marco legal. “La integridad de nuestros funcionarios y el respeto por la infraestructura pública están por encima de cualquier capricho individual”, añadió.
¿Qué sigue?
Con la expulsión ya ejecutada, ahora el ciudadano estadounidense deberá enfrentar los procesos legales correspondientes por los daños ocasionados. Las autoridades colombianas evalúan los costos exactos de los elementos destruidos y la posibilidad de reclamar su reparación por la vía judicial.
Aunque no se trató de un acto terrorista, sí fue un incidente que puso en riesgo la operatividad de uno de los espacios más sensibles de la ciudad: el aeropuerto. Por ello, desde la administración distrital se instó a fortalecer los protocolos de atención a situaciones con ciudadanos extranjeros que muestren comportamientos agresivos o desafiantes ante la ley.
Cartagena, destino turístico y cultural de Colombia, seguirá recibiendo con los brazos abiertos a visitantes de todo el mundo. Pero como lo ha señalado el alcalde Dumek Turbay: “Con respeto, con orden y con las reglas claras. Aquí nadie está por encima de la ley”.