Ante el complejo panorama climático que golpea al departamento y amenaza la seguridad de miles de familias, la sesión del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres -por unanimidad- declaró la calamidad pública en el territorio, una decisión estratégica para acelerar acciones urgentes de atención, mitigación y recuperación.
La medida responde a los impactos cada vez más evidentes de la variabilidad climática, especialmente en el sur de Bolívar, donde se registran procesos de erosión acelerada, inundaciones activas y amenazas de sequía que ponen en riesgo a comunidades enteras, la infraestructura vial y productiva, así como ecosistemas estratégicos para el equilibrio ambiental del departamento.
El gobernador Yamil Arana destacó que esta declaratoria permite activar mecanismos extraordinarios para responder con mayor rapidez y eficiencia a las emergencias, priorizando la protección de la vida y el bienestar de los bolivarenses.
“Estamos tomando decisiones responsables y oportunas para enfrentar una situación climática que exige acciones contundentes. Nuestra prioridad es proteger a las comunidades, garantizar la seguridad alimentaria y fortalecer la capacidad de respuesta institucional en todo el territorio”, señaló el mandatario departamental.
Actualmente avanza la elaboración del acta oficial que formaliza la determinación del Consejo, paso previo a la expedición del decreto que dará marco jurídico a la medida. Posteriormente, se presentará el Plan de Acción Específico, instrumento que definirá las estrategias de atención inmediata, mitigación del riesgo, rehabilitación de zonas afectadas y procesos de recuperación integral.
La Gobernación reiteró que el trabajo será articulado con alcaldías municipales, organismos de socorro y entidades del orden nacional, con el objetivo de implementar soluciones sostenibles frente a los fenómenos climáticos que afectan de manera recurrente a Bolívar.
Un panorama que exige respuestas urgentes
El más reciente reporte de calamidades, con corte al 14 de febrero de 2026, evidencia la magnitud del desafío: actualmente se mantienen 15 declaratorias de calamidad pública vigentes en el departamento, principalmente asociadas a inundaciones, erosión costera, frentes fríos y variabilidad climática.
Durante 2025, emergencias por inundación impactaron significativamente municipios como Magangué, María La Baja, Pinillos, Regidor y Simití, dejando un balance departamental de 4.079 familias afectadas, equivalentes a 9.743 personas.
En materia de vivienda, se reportan 2.488 hogares habitables afectados, 76 viviendas no habitables, 132 destruidas y 57 averiadas, siendo Pinillos el municipio con mayor número de personas impactadas (4.566), seguido por María La Baja (2.105).
Para 2026, continúan vigentes declaratorias en municipios como San Jacinto del Cauca, Río Viejo, San Juan Nepomuceno, Turbaco, Cartagena, Santa Catalina, Arenal del Sur y Montecristo, lo que confirma la persistencia del riesgo climático y la necesidad de mantener activas las acciones institucionales.
Con esta decisión, el gobernador Yamil Arana envía un mensaje claro: Bolívar se prepara para enfrentar la crisis climática con liderazgo, planificación y respuesta inmediata, priorizando la protección de la vida y la resiliencia de sus comunidades.