_El propietario de ‘Mofles Marcos’ radicó la acción popular contra la Alcaldía de Cartagena y la Inspección de Policía N. 2._
Marcos Barrios Ospino, propietario del establecimiento ‘Mofles Marcos’, un taller que ocupa indebidamente espacio público desde 2011 en Chambacú, en el sector aledaño a Muebles Jamar, instauró una acción de tutela contra la Secretaría del Interior y la Inspección de Policía N. 2, en aras de tumbar la orden de desalojo sobre varios establecimientos en esa zona.
La orden de desalojo se vincula con negocios que ocupan hace muchos años, de forma indebida, el espacio público en la zona. Son establecimientos comerciales como cantinas, estaderos, chatarrerías, parqueaderos, tiendas, talleres, llanterías, moteles, restaurantes, y algunos asentamientos, que se apropiaron de predios del Distrito.
Barrios Ospino, en su tutela presentada ante el Juzgado 12 Civil de Cartagena, defendió que la presencia de estos negocios en espacio público “había contado con la anuencia de administraciones anteriores”.
“Hemos escuchado las propuestas para salir de este terreno, que bien sabemos que no es de nosotros, pero que hemos estado aquí por muchos años, algunos viviendo, otros trabajando, cuidando de esta propiedad, limpiado y haciendo comercio de tal manera que pedimos que se nos escuchen, que conozcan nuestros problemas y situaciones que padecemos”, indicó en su tutela.
Sin embargo, tras la revisión del material probatorio y la argumentación jurídica de la Oficina Jurídica del Distrito, en cabeza de Milton Pereira, la jueza Miledys Oliveros Osorio desestimó la demanda al no considerar que la orden policiva “viole flagrantemente sus derechos fundamentales al instalar y terminar el proceso con la celeridad”; por lo que avaló la recuperación del espacio público invadido en lotes distritales en Chambacú.
Por ende, esta es la segunda tutela que un juzgado desestima contra la orden de desalojo de la inspectora de Policía, Luz Marina Villamil, quien les dio un plazo de 10 días para abandonar la zona.
Anteriormente, frente a la orden policiva de la inspectora Villamil, el ciudadano Leonardo Rubio Blanco, instauró una acción de tutela, ante el Juzgado 13 Civil de Cartagena, contra la Inspección de Policía de la Comuna 2 y la Secretaría del Interior del Distrito, por supuesta violación a su derecho al debido proceso y la confianza legítima.
El Distrito aportó este recuento legal como argumento, en el que se precisaron todos los intentos jurídicos que intentaron revocar la orden policiva y prohibiera los desalojos programados.
*La reubicación es improcedente*
En otro apartado de la tutela, el dueño del taller pretendía que el Distrito lo reubicara luego del eventual desalojo, afirmando que “la administración no ha propuesto lugares para reubicar a todos los establecimientos”, los cuales hoy hace un un uso indebido de suelo de la ciudad.
“La actual administración no ha querido conciliar la salida del terreno de Chambacú, pues no ha propuesto otro lugar para un traslado y poder seguir nuestras sus actividades. Han violentado flagrantemente nuestros derechos fundamentales al instalar y terminar el proceso con la celeridad. Uno de hechos por los cuales considero que violentan el debido proceso es que la Inspección de Policía no ha propuesto un lugar de reubicación”.
Para la jueza, no hay pruebas que indiquen un perjuicio irremediable; más cuando a la fecha no se ha llevado a cabo la ejecución material de la decisión tomada por la inspectora de policía en primera instancia.
Al respecto, y con una postura abierta al diálogo, el Distrito ofreció un respaldo psicosocial, laboral y económico a estas personas, debido a que el uso ilegal del espacio público que perpetraron por años no es causal de una reubicación.
“Respaldaremos todo su proceso de mudanza y con subsidios de arriendo, por lo menos de tres meses. Además, la Secretaría de Hacienda analizará, luego de una debida caracterización, la oferta de capitales semilla para que los desalojados emprendan negocios en espacios legalizados y no se afecten sus bolsillos a futuro”, afirmó el alcalde Dumek Turbay.
Y subrayó: “Tienen que desalojar, pero contarán con nuestro respaldo. A diferencia de los asentamientos con familias de cocheros en otro sector de Chambacú, entre el Mall Plaza y el Comando de la Policía que han sido reubicadas o serán subsidiadas, estos establecimientos comerciales sí se tienen que ir”.
Hace días, cuando la tutela de Leonardo Rubio fue declarada improcedente, Turbay Paz expuso: “Entiendo que el desalojo afectará sus actividades económicas; sin embargo, tenemos que respetar la ley y las ordenes policivas. El uso indebido de predios en este sector es un problema histórico; y algunos de esos negocios propician problemas de orden público, percepción de inseguridad y deposición indebida de basuras y residuos. En diferentes franjas del día, especialmente en la noche, el lugar se convierte en epicentro del consumo de estupefacientes o de actos negativos por habitantes de calle. Esto no es un secreto para nadie”.
Y añadió: “A Chambacú queremos cambiarle la cara, no solo con la oferta turística, cultural y familiar del Complejo Deportivo Nuevo Chambacú; sino ordenando zonas donde hace décadas se actúa sin ley. Como gobierno, la ciudadanía espera que propiciemos la seguridad, el orden, la iluminación y la limpieza en cada rincón de Cartagena; especialmente en sectores como este que son un corredor turístico entre el Castillo San Felipe y el Centro Histórico. Por ello, para cumplir con ese mandato nos toca resolver asignaturas pendientes del desgobierno histórico con el que recibimos la administración”.
