La celeridad procesal es un principio jurídico, que aplica para todos, especialmente cuando dentro de cualquier litigio se encuentren vinculados los niños y niñas al ser sujetos de especial protección constitucional. En la práctica, este mandato tiene poca aplicabilidad, ratificando que definitivamente como dice el adagio popular: “el papel aguanta todo, hasta unos aguacates para madurar”.
Además de los despachos judiciales congestionados, se le adiciona la actitud de varios jueces, secretarios, sustanciadores, escribientes, oficiales mayores y notificadores inoperantes, que ante la premisa de que al estar en carrera administrativa y que son inamovibles, pueden aplicar la operación tortuga.
En las facultades de derecho desde que se vincula uno a ellas, nos hablan de los plazos perentorios, que limitan cada etapa del proceso a un tiempo fijo y obligatorio establecido por la ley, y que decir, de las improcedencias de las prórrogas indebidas o la simplificación de trámites. Parece que todo quedó en las aulas porque aquellos que cambiaron el litigio por la administración de justicia, les parece que esos postulados en la práctica son imposibles de aplicar.
Las demandas, ya sea en la fijación de cuotas o en un ejecutivo por alimentos duermen el sueño de los “injustos” en los juzgados de familia, cuando hasta para otorgar una medida cautelar, los infantes deben esperar en algunos casos hasta ocho y diez meses, exactamente cuándo Morfeo deje de roncar para que le sea embargado el sueldo a sus padres, y de esta manera tener la limosna del 25% o en el mejor de los casos el 50%, de lo que devengan sus progenitores.
El viacrucis prosigue: los niños además de esperar el embargo de un sueldo, con la mano en la “quijada” y masticando el viento, les toca mirar el reloj, en ocasiones hasta quince días, hasta cuando los plenipotenciarios jueces de la Republica autoricen la conversión o entrega de los títulos que se encuentran depositados en el Banco Agrario.
Para vincular a un padre o a una madre irresponsable en el REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), los abogados de los demandantes debemos encomendarnos al espíritu santo y a las animas del purgatorio para que el juez o el comisario de familia dentro del debido proceso lo ordene. En fin, todo lo que se trata de defender derechos de los niños y niñas, en este país es paquidérmico.
Las demandas o procesos de investigación de paternidad, que busca reconocer legalmente la filiación de un hijo con su padre, en ningunas de las etapas posibles es dinámica: por la vía administrativa los defensores de familia manejan tantos procesos que las citas para el reconocimiento voluntario, duran de dos a tres meses. Por la vía judicial, madre e hijos deben esperar solo para la emisión del auto admisorio, de dos a tres meses y para una prueba de ADN, que resulta ser prioridad en el proceso, la espera es aún más larga. Porque el primero en el tiempo es primero en el derecho y son solo 11 los laboratorios autorizados en el país de acuerdo a lo establecido en la ley 721 de 2001.
En lo penal, el delito de inasistencia alimentaria es otro de los adornos que le pusieron al código. Denuncias que se presentaron desde hace 5 y 6 años o más, parece que para los Fiscales no son relevantes y solo hacen parte de las estadísticas que maneja el ente investigador, dentro de la atención al usuario. Muy pocas veces siquiera citan a los irresponsables que tienen a sus hijos pasando hambre.
Como si fuera poco, los abusos sexuales a menores de edad crecen y cuando miramos las estadísticas, la cantidad de abusados, en comparación con el número de abusadores procesados y condenados, no concuerdan. Sin contar quienes quedan libres por vencimiento de términos.
La Unicef junto con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), dieron a conocer en mayo de este año, los resultados para Colombia de la investigación Disrupting Harm, hecho sobre prácticas de explotación y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, arrojando resultados preocupantes: “uno de cada menor de edad usuario de internet (21%), sufrió alguna forma de abuso o explotación sexual, facilitado por la tecnología en un solo año, lo que equivale en números a cerca de 860 mil niños, niñas y adolescentes, entre los 12 y 17 años. No se trata únicamente de hechos que ocurren en línea, sino también cuando se combinan interacciones digitales con presenciales”
Durante el 2025 la organización Aldeas Infantiles SOS Colombia, llamó la atención a las autoridades, porque según estudio realizado por ellos cada día mas de 50 niños y niñas, son victimas de violencia sexual en Colombia. Lo peor, el 96% de estos casos nunca llegan a una condena.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que según su misión es la de liderar la protección integral de los derechos de la niñez, la adolescencia y las familias en Colombia, es quien más reprueba las materias en favor de quienes le compete.
Escándalos a montones es el común denominador en el ICBF, años tras años, por el mal manejo de los recursos que deben favorecer a la primera infancia. En la entidad según investigación de la Fiscalía, se desarrollan miles de contratos con documentación falsa, en los que además se inflan los precios de los alimentos para luego desviar los recursos en favor de los políticos de las diferentes regiones para que cuando lleguen las elecciones tenga la mochila llena, para el aceite electoral. Eso sin contar lo que nos asegura una fuente “que nombran un calanchín firmón, inescrupuloso como director o en los cargos claves, para que luego de concertar, delitos contra la administración pública, ejecuten lo planeado por sus patrones”. Por el perfil no se preocupe, porque en derecho las cosas como se hacen se deshacen y como buenos sastres se confecciona el traje a la medida.
Dentro de todo este maremágnum de desidia en la administración de justicia, la voz de la Procuraduría, las Personerías como agentes del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo sigue siendo débil. Solo susurran, porque prevalece más hablar de la JEP, de los escándalos de la Presidencia, entre otros temas sencillamente porque hacer valer los derechos de los niños en un país donde los victimizamos a diario no genera Link en las redes sociales.
En Colombia todos los políticos dicen querer acabar con los malos y en eso desgastan sus esfuerzos, más allá de esa intención creo que debemos pensar en los buenos. En las pobres criaturas que apenas empuntan su vida en un mundo conmocionado donde los adultos miramos hacia adelante y hacia arriba, pero no observamos a los pequeños que se encuentran al nivel de nuestras rodillas y el torso.
¡No los sigamos revictimizando!