En un ambiente de creciente controversia, se ha evidenciado el “abuso” en el uso de tutelas para detener el desalojo de espacios públicos en Chambacú, sector históricamente invadido por establecimientos comerciales. El caso ha generado revuelo luego de que el Distrito presentara pruebas contundentes que señalan irregularidades en la actuación del abogado Robinson Arroyo, quien representa a varios tutelantes en este proceso.
Según la información recopilada por Cartagena En Línea, se han presentado al menos dieciocho tutelas contra la Inspección de Policía de la Comuna No. 2 – Torices y la Alcaldía de Cartagena, con el objetivo de detener la recuperación del espacio público en Chambacú. De estos, varias han sido declaradas improcedentes o han sido desistidas por los accionantes, mientras que otros aún tienen vencimientos hoy 28 de marzo. Entre ellos, se destacan los casos de Leonardo Rubio Blanco, Marcos Antonio Barrios Ospino y Luz Estela Ibargüen, quienes han visto sus tutelas desestimadas, y otros que se encuentran pendientes de resolución, con fechas de vencimiento entre el 25 y el 28 de marzo de 2025.
El abuso radica en que, al presentar estas tutelas, se pretendía obstaculizar el proceso de desalojo de negocios que han ocupado el espacio público por décadas. La situación se agravó con la actuación del abogado Robinson Arroyo, quien, en su rol de apoderado de la tutelante Ana Batista – cuyo fallo en 2011 favoreció la suspensión de la medida – no informó oportunamente el fallecimiento de su representada en 2023. Esta omisión indujo a error a la jueza Elizabeth Araújo, quien, al revisar el incidente de desacato, se vio obligada a dejar sin efecto la medida provisional, declarando la improcedencia del incidente por carencia actual de objeto, tal como lo establece la sentencia T-443 de 2015 de la Corte Constitucional.
Ante estos hechos, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, solicitó la nulidad de la suspensión del desalojo y el archivo del proceso, argumentando que, con la muerte de la tutelante, el motivo original para detener la recuperación del espacio público ha quedado superado. Además, se instó a la Fiscalía General de la Nación y a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial del Consejo Superior de la Judicatura a investigar la conducta de Robinson Arroyo, quien representa a varios tutelantes, por presuntas faltas disciplinarias y posibles conductas punibles.
La reciente decisión del Juzgado 9 Penal, que anuló la medida provisional de suspensión y archivó el proceso, marca un precedente importante en la lucha contra el uso indebido de tutelas para fines ajenos a su propósito original. Con esta decisión, se abre la puerta para proceder con el desalojo programado por la Alcaldía de Cartagena, una medida que busca recuperar un área de 7.404,17 m² ocupada irregularmente por talleres, cantinas, estaderos y parqueaderos, y restablecer el uso correcto del espacio público.
El alcalde Dumek Turbay expresó su satisfacción con el fallo:
“Hoy la justicia ha actuado con firmeza y objetividad. La decisión de la jueza Elizabeth Araújo nos permite continuar con la recuperación de nuestros espacios públicos, dejando en claro que no se tolerará ningún abuso que pretenda entorpecer el bienestar de nuestra comunidad. Contamos con todo el respaldo para avanzar y poner fin a esta situación que afecta a nuestros barrios.”
Este hecho subraya la necesidad de articular esfuerzos entre el Distrito, la Alcaldía y la Rama Judicial para garantizar el orden y el desarrollo de los espacios públicos en Cartagena. La recuperación de Chambacú se
vislumbra como un paso decisivo para devolver a la ciudad un patrimonio que ha sido saqueado por prácticas irregulares, reafirmando el compromiso de las autoridades por el bien común.
Cartagena En Línea espera conocer la postura del abogado Robinson Arroyo.