La controversia en Playa Blanca, ubicada en la isla de Barú, vuelve a estar en el centro del debate público tras varios episodios que han generado incomodidad entre visitantes y cartageneros. Las tensiones recientes entre turistas y algunos miembros de la comunidad nativa —incluidas restricciones para el ingreso de alimentos, supuestos controles arbitrarios y denuncias de robos— han llevado a ciudadanos a exigir una intervención más clara por parte de las autoridades.
Ante la creciente presión, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, por medio de un trino en la red X explicó el marco legal que rige el balneario. Recordó que Playa Blanca hace parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario, por lo que está clasificada como zona protegida. En ese sentido, la ley prohíbe el ingreso de alimentos no industrializados —con excepción de mecatos y productos empacados— con el fin de proteger el frágil ecosistema costero.
El alcalde también expresó su respaldo a las comunidades nativas, operadores turísticos y consejos comunitarios que habitan la península, pero fue enfático en establecer límites:
“NO son autoridad jurídica ni administrativa para realizar controles de ingreso ni requisas a los visitantes”.
Por esa razón, el mandatario anunció que se han dado instrucciones a la Policía Metropolitana de Cartagena, la Secretaría del Interior, la de Seguridad y la de Turismo, para restablecer el orden y evitar que se repitan procedimientos que no tienen sustento legal.
Sin embargo, el pronunciamiento del alcalde no ha bastado para calmar el malestar. Lectores de Cartagena En Línea han pedido que el mandatario vaya más allá: que revise los lugares donde los nativos cocinan los alimentos que luego venden a precios elevados, sin una adecuada supervisión sanitaria. También solicitan al DADIS que intervenga y selle los establecimientos insalubres, que no cumplen con las condiciones mínimas de higiene para la manipulación de alimentos.
A ello se suma una reciente denuncia hecha por un grupo de jóvenes cartageneros, quienes aseguraron que fueron víctimas de robo por parte de algunos nativos cuando se encontraban disfrutando del balneario. Aunque la situación aún no ha sido esclarecida, el hecho ha intensificado la preocupación ciudadana sobre la seguridad en la zona.
El alcalde señaló que se están articulando esfuerzos con entidades del orden nacional, como Parques Nacionales Naturales y la DIMAR, para ejercer un control más estricto sobre la capacidad de carga, el ingreso de productos y el tránsito de motonaves en zonas de bañistas. También se anunció una supervisión más rigurosa a operadores turísticos y vendedores locales, para que cumplan con las normas establecidas sobre precios, bioseguridad y atención al cliente.
La situación en Playa Blanca refleja un dilema que Cartagena aún no resuelve del todo: cómo armonizar el respeto a los derechos de las comunidades afrodescendientes, con la protección ambiental y el derecho de los ciudadanos —locales y visitantes— a disfrutar del espacio público en condiciones de seguridad, legalidad y salubridad.
Por ahora, la administración distrital asegura que está del lado de los nativos, pero también del lado de la seguridad y la integridad de quienes visitan uno de los balnearios más emblemáticos del país. El reto: encontrar un equilibrio que garantice convivencia, sostenibilidad y respeto a la ley.