La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia al exalcalde de Cartagena, William Jorge Dau Chamatt, con 10 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, tras hallarlo responsable de graves sobrecostos e irregularidades en el contrato de arrendamiento de una bodega en Turbaco destinada a la cárcel provisional de mujeres del Distrito.
La decisión se suma a una inhabilidad previa de 12 años impuesta por participación indebida en política en 2022, por lo que Dau quedará fuera de cualquier cargo público durante los próximos 22 años.
Los hechos se remontan a 2020, cuando la administración distrital arrendó un predio de 5.000 metros cuadrados, ubicado fuera del territorio de Cartagena, para el funcionamiento del centro penitenciario femenino. Tras una denuncia ciudadana y posteriores indagaciones, la Contraloría Distrital y la Procuraduría concluyeron que el contrato presentó precios inflados, deficiencias en los estudios previos y ausencia de análisis de mercado, lo que habría ocasionado un grave detrimento patrimonial superior a los $1.981 millones.
Las investigaciones evidenciaron que el canon de arrendamiento se calculó sobre un área que no correspondía a la realmente utilizada, pues el establecimiento ocupaba apenas 1.352,32 metros cuadrados, muy por debajo de lo pactado. Además, se detectaron inconsistencias en los avalúos, discrepancias en la matrícula inmobiliaria del predio y la contratación de un inmueble que no contaba con servicios públicos esenciales y colindaba con una estación de combustibles, lo que agravó los cuestionamientos.
Para los entes de control, Dau, en su calidad de alcalde y ordenador del gasto, incumplió su deber de dirección, vigilancia y control del proceso contractual, vulnerando principios fundamentales de la administración pública como la planeación, austeridad, moralidad y defensa del patrimonio público. La Procuraduría calificó su conducta como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
En consecuencia, el Ministerio Público determinó que el exmandatario incurrió en un actuar negligente que permitió un menoscabo significativo de los recursos del Distrito, razón por la cual fue sancionado con una nueva inhabilidad de 10 años, que lo mantiene políticamente inactivo por más de dos décadas.