Corte Constitucional deja sin efectos la decisión judicial en tal sentido.
En una sentencia proferida por la Corte Constitucional, con ponencia del Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo, quedó zanjado el proceso por medio del cual la empresa Ecopetrol pretendía que lq Universidad de Cartagena devolviera más de $50.000 millones, dineros recaudados por concepto de una estampilla.
El litigio, que se remonta a 2006, llegó a feliz término para el alma mater, cuya institucionalidad se veía amenazada por la pretensión de la estatal petrolera.
“Estamos complacidos por esta sentencia ajustada a derecho, que defiende el presente y el futuro de miles de estudiantes de Cartagena, Bolívar y de todo el Caribe”, expresó el gobernador Yamil Arana.
Para el rector de la Universidad de Cartagena, William Malkún, se trata de la mejor noticia que ha recibido el claustro. “Le hemos cumplido a los estudiantes con la defensa de la institución, que es un patrimonio de todos, pero sobre todo, de los jóvenes de Bolívar y de la Costa Caribe”.
En el texto de la sentencia se lee lo siguiente:
“Al valorar la relevancia constitucional del caso, precisó que guardaba relación con la aplicación de normas de rango superior, como la garantía del debido proceso por una indebida valoración
probatoria y la posible configuración del fenómeno de la cosa juzgada, por la existencia de decisiones ejecutoriadas que, presuntamente, habrían dado lugar al pago por parte de Ecopetrol S.A. y a favor de la Universidad de Cartagena”.
Además, la sentencia ampara los derechos fundamentales de la Universidad de Cartagena al debido proceso, defensa, acceso efectivo a la administración de justicia, confianza legítima y seguridad jurídica.