En un restaurante, localizado en el barrio San Fernando, las autoridades ambientales irrumpieron en un escenario de flagrante delito ecológico: se confiscaron tres kilos de carne de iguana y un gran caparazón de tortuga carey, evidenciando una atrocidad perpetrada contra la naturaleza. Se estima que para obtener tal cantidad de carne, se sacrificaron cruelmente alrededor de 10 de estos animales, víctimas inocentes de la codicia humana.
El EPA Cartagena ha desatado su furia legal contra el establecimiento, cuyas prácticas desalmadas de promoción y venta de platos elaborados con carne de iguana, anunciadas incluso en redes sociales, han sido expuestas a la luz.
Las acciones de la Policía Ambiental no se limitaron al decomiso: se impuso un comparendo como un golpe de justicia ambiental, junto con la confiscación de la carne ilegal. Además, el EPA Cartagena, con su determinación implacable, llevará el caso al DADIS para desencadenar todas las medidas punitivas necesarias.
Este incidente brutal no solo subraya la urgente necesidad de una vigilancia incansable contra el tráfico ilegal de especies silvestres, sino que también nos confronta con la devastadora realidad de la sobreexplotación y la caza indiscriminada. Las iguanas y tortugas, en particular, enfrentan una lucha desigual por su supervivencia, siendo presas de la avaricia humana.
Las especies afectadas, como la majestuosa iguana y la tortuga, son particularmente vulnerables durante los meses de enero a abril, cuando salen a perpetuar la vida depositando sus huevos. Por tanto, los controles se intensifican durante este período crítico, así como durante la Semana Santa, para sofocar cualquier intento despreciable de traficar con su existencia.
