Las empresas Aguas de Cartagena, Surtigas y Afinia, con el apoyo de la Fiscalía y la Policía Nacional, han conformado una alianza estratégica para prevenir y combatir el fraude y las conexiones ilegales en los servicios públicos domiciliarios de agua, gas y energía en la ciudad.
Esta iniciativa, activada por primera vez en Cartagena, se enfoca en la protección y optimización de las infraestructuras de los servicios públicos, con el objetivo de garantizar la calidad, seguridad y sostenibilidad para todos los ciudadanos. A través de acciones conjuntas, se busca mitigar los daños a las redes, reducir las pérdidas económicas, evitar la contaminación y promover el uso responsable de los recursos.
Para el gerente general de Acuacar, Manuel Vicente Barrera, este trabajo en equipo es fundamental: «Estamos conformando un bloque conjunto que nos permitirá fortalecer la integridad de nuestros servicios y asegurar que todos los cartageneros reciban agua, gas y energía de manera segura y confiable», señaló.
El uso responsable y legal de los servicios públicos es esencial para el bienestar de la comunidad. Las conexiones no autorizadas pueden ocasionar daños en las redes, riesgos para la salud y la seguridad de los usuarios, y afectar la sostenibilidad de los servicios. Además, prácticas como las conexiones antitécnicas no cumplen con la normativa vigente y pueden generar inconvenientes que impactan a toda la ciudadanía.
En cumplimiento del programa de gestión de irregularidades, Aguas de Cartagena ha recuperado en el año 2024 un total de 362.565 m³ de agua mediante 13.541 actuaciones efectivas. Además, se detectó un 81% de no conformidad en medidores retirados, lo que evidencia la efectividad en la detección y corrección de anomalías en el servicio. Estos esfuerzos reflejan la dedicación de la empresa hacia la eficiencia y la calidad en la prestación de nuestros servicios.
Esta alianza invita a toda la comunidad a colaborar y a ser parte activa en la construcción de una Cartagena sostenible y segura. La participación ciudadana es clave para denunciar actos que afecten la legalidad y la seguridad de los servicios públicos.
Recordamos que estos actos están tipificados en el artículo 256 del Código Penal colombiano, y es responsabilidad de todos promover el cumplimiento de las normas.
