ANAP advierte apagón de alumbrado público en la Costa Caribe y hace un llamado al Estado para intervenir
La Asociación Nacional de Alumbrado Público y Ciudades Inteligentes (ANAP) ha lanzado una advertencia alarmante sobre un inminente apagón del alumbrado público en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Atlántico. Esta crisis se desató tras la reciente decisión del interventor de la Empresa Aire, que suspendió el cobro del alumbrado público y la recolección de basuras, lo que ha generado una incertidumbre crítica en la región.
Armando Gutiérrez, director ejecutivo de ANAP, calificó la medida de “arbitraria, ilegal y sin debido proceso”, señalando que se está ignorando la Ley 1819 de 2016, que estipula que los municipios deben recaudar el impuesto de alumbrado público a través de las facturas de servicios. Gutiérrez enfatizó que esta decisión afecta gravemente la sostenibilidad del servicio, poniendo en riesgo la seguridad ciudadana y frenando proyectos de modernización vitales para la infraestructura de las ciudades.
Consecuencias graves para la región.
El posible apagón no solo significa la interrupción del servicio de alumbrado público, sino que también compromete la seguridad de millones de personas. Según Gutiérrez, la falta de alumbrado en las zonas urbanas y rurales incrementaría los niveles de delincuencia y vandalismo, afectando directamente a la tranquilidad de los ciudadanos. Además, los municipios quedarían sin los recursos necesarios para pagar la energía eléctrica, lo que generaría retrasos en los proyectos de modernización y afectaría el cumplimiento de contratos, agravando aún más la situación fiscal de estas localidades.
Un llamado urgente al Estado.
La ANAP hizo un llamado claro y urgente al Estado y al Gobierno Nacional para intervenir de manera inmediata. Es crucial que se garantice el cumplimiento de la ley y que se restablezca el cobro adecuado del alumbrado público y los servicios de recolección de basura. La intervención del Estado en este momento es indispensable para evitar un colapso en la infraestructura de servicios públicos esenciales y salvaguardar la seguridad de los habitantes de La Guajira, Magdalena y Atlántico.
“Si no se toma una acción pronta y efectiva, no solo los servicios públicos colapsarán, sino que la seguridad de la ciudadanía estará en grave riesgo”, advirtió Gutiérrez. En este contexto, es fundamental que el interventor, Carlos Diago, reconsidere su decisión y se ajuste a la normativa vigente para prevenir una crisis aún mayor.
Hacia una solución integral.
El llamado de ANAP también incluye la necesidad de abordar soluciones sostenibles a largo plazo para evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. Es imprescindible que el Estado, en conjunto con las autoridades locales, revise el marco regulatorio y los mecanismos de cobro, y establezca una hoja de ruta clara para asegurar la prestación continua de servicios públicos vitales en la región.
Sin una intervención pronta y decidida, la Costa Caribe se enfrenta a una crisis de grandes proporciones, que afectará no solo a los servicios públicos, sino también a la seguridad, la economía y el bienestar general de sus habitantes.