En Cartagena, las noches recientes se han vuelto un reflejo de dos fuerzas en tensión: de un lado, los grupos de motociclistas que convierten las vías en escenarios de riesgo; del otro, una administración distrital decidida a imponer autoridad. Tras varios episodios de desorden, maniobras peligrosas y alteraciones del tránsito, el alcalde Dumek Turbay Paz firmó el Decreto 2119 de 2025, un acto administrativo que marca un antes y un después en la convivencia urbana de la ciudad.
El decreto de la autoridad
El documento, firmado en la tarde del lunes, prohíbe de manera expresa las caravanas y aglomeraciones de motociclistas, motocarros, cuatrimotos, carros o vehículos de cualquier tipo, en todo el perímetro urbano y rural de Cartagena.
También prohíbe el uso de máscaras, antifaces o elementos de disfraz que cubran el rostro mientras se conduce un vehículo automotor, con el fin de garantizar la identificación plena de quienes circulan por las calles, especialmente durante las celebraciones de Halloween, época que históricamente ha registrado incidentes de seguridad.
Las sanciones son severas: multas de entre 13 y 75 salarios mínimos legales mensuales vigentes, además de la posibilidad de inhabilidad para ejercer funciones públicas y sanciones penales en los casos de reincidencia o violencia.
“Este gobierno respeta las libertades ciudadanas, pero ejercerá toda su autoridad cuando la convivencia, la movilidad y la seguridad estén en riesgo. Cartagena necesita orden, y lo vamos a garantizar”, expresó el alcalde Dumek Turbay, al anunciar las medidas.
Una ciudad cansada del desorden
Las decisiones llegan después de varios episodios que encendieron las alarmas. En la bomba del Amparo, al suroccidente de la ciudad, un grupo de motociclistas realizó maniobras temerarias y bloqueó la vía, atemorizando a conductores y peatones. Las imágenes se viralizaron rápidamente, generando rechazo ciudadano y un llamado contundente a la autoridad.
La Policía Metropolitana reportó además un incremento en las reuniones nocturnas de moteros y piques ilegales en sectores como La Castellana, el Pie de la Popa y la Variante de Cartagena, poniendo en riesgo no solo la movilidad sino la vida de quienes participan o transitan cerca.
30 millones por los responsables
En respuesta, el Distrito y la Policía anunciaron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que conduzca a la identificación y captura de los líderes de la organización que promueve los piques ilegales en la ciudad.
Las autoridades aseguran tener en la mira a los principales responsables de convocar a estos eventos a través de redes sociales, donde suelen promocionar las rodadas y competencias clandestinas.
“Estamos tras la pista de quienes incitan a la ilegalidad. No se trata solo de un acto irresponsable: es un atentado contra la vida, contra la seguridad de todos. Vamos a desmantelar esas estructuras”, señaló una fuente de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Entre la libertad y el orden
Las medidas también han generado debate entre algunos colectivos de motociclistas que insisten en diferenciar su actividad de los comportamientos violentos. Uno de los grupos más visibles, Stunt Cartagena 205, aseguró en un comunicado que no promueve los piques ni la velocidad, y pidió al Distrito espacios seguros donde practicar su disciplina de forma controlada.
Sin embargo, la Administración Distrital ha sido enfática: no habrá tolerancia frente a la ilegalidad ni los actos que desafíen la autoridad. El alcalde Turbay recalcó que el Distrito está abierto al diálogo, pero no a la permisividad.
“El mensaje es claro: en Cartagena hay autoridad. Las calles no son para el caos ni la intimidación. Aquí la ley se respeta”, sentenció el mandatario.
Orden hasta diciembre y más allá
El decreto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, y su cumplimiento estará a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y la Policía Metropolitana de Cartagena.
Durante su aplicación, se reforzarán los controles nocturnos, retenes y patrullajes en zonas críticas. También se prevén operativos sorpresa para detectar talleres o lugares donde se modifiquen motocicletas para realizar acrobacias o competencias ilegales.
Un llamado a la convivencia
Con estas medidas, la Alcaldía busca recuperar la tranquilidad en una ciudad que durante años ha lidiado con el desafío de la movilidad y la falta de control en las vías.
El decreto, más que una orden restrictiva, es —en palabras del propio alcalde— una declaración de autoridad, responsabilidad y respeto por la vida. En una Cartagena que se debate entre la euforia callejera y el derecho al orden, el mensaje del gobierno distrital es inequívoco: la ciudad no será rehén de la ilegalidad.