En una carta enviada a la Dirección Nacional de Planeación y la Unidad de Riesgos (UGNRD), el concejal Cesar Pión, presidente de la Comisión del Plan en Cartagena, ha hecho una serie de solicitudes relacionadas con el importante proyecto de «Protección Costera y Cambio Climático» que actualmente se está desarrollando en la ciudad.
En la misiva, el concejal plantea varias interrogantes con el objetivo de obtener claridad sobre el estado actual del proyecto y su impacto en la economía y sociedad local. Entre las preguntas formuladas se encuentran:
- ¿Cuál es la razón detrás del vencimiento de los 8 contratos derivados, incluyendo aquellos con entidades como Perito Naval, Universidad de Cartagena, Dimar, PNUD, y la interventoría, entre otros?
- ¿Cuál es la situación actual de los 40 mil millones de pesos que faltan para completar la primera fase del proyecto, contratada por el consorcio pro playa?
- ¿Cuál es la situación socioeconómica de los actores de playa afectados por la falta de habilitación de playas debido a la obra?
- ¿Cuál será el destino de las obras pendientes, como las estructuras de protección que fueron suprimidas en el 2021 para poder abrir la licitación con los recursos disponibles, la ampliación de la vía diseñada y la solución de los drenajes pluviales en todo el malecón de Bocagrande para evitar inundaciones por aguas lluvias?
- ¿Qué medidas se han definido en el plan de desarrollo nacional para esta obra, considerando que no se observa una asignación de recursos? El concejal cuestiona si existe voluntad política para continuar financiando esta obra de importancia ambiental y lograr la conclusión de la etapa del laguito que aún falta.
- Finalmente, el concejal Pión ha solicitado una auditoría integral que abarque todo el proceso de la protección costera desde su inicio en el año 2020 hasta la fecha actual.
Esta solicitud del concejal se presenta en un momento crucial para la ciudad de Cartagena, donde la «Protección Costera y Cambio Climático» representa un proyecto de gran relevancia y su correcta ejecución es vital para la economía, el turismo y la seguridad de la población. Las autoridades competentes deberán responder a estas interrogantes y brindar transparencia sobre el estado y futuro de esta magna obra.