Esta vez el live del alcalde, William Dau Chamat, en contra de las actuaciones del contralor, Rafael Castillo Fortich, quien lo obligó a suspender a la directora del Dadis y ahora pide al Presidente Duque su suspensión inmediata, por presuntas irregularidades en la ejecución de un contrato, no pasó de los 600 espectadores.
Y es que los argumentos usados por Dau son baladíes, pues no obedecen ni responden a los cuestionamientos que hace el Contralor sobre el supuesto mal uso de las pruebas rápidas para la detección del Covid-19 en el 2021 y el posible detrimento para el Distrito de $1.098 millones.
Acompañado de su gabinete en pleno , dijo: “No comparto la decisión del contralor de bolsillo de Cartagena, quien me ordenó suspender a la directora del Dadis, y ahora se vino directamente contra mi. Este contralor de bolsillo, al servicio de los malandrines, pretende pasar por encima de la voluntad del pueblo cartagenero. La democracia se respeta. Además, un contralor elegido irregularmente por cinco concejales, cuya designación no estaba en el orden del día, no puede invalidar la voluntad del pueblo”, dijo.
Agregó en su alocución agregó que el señor Alvaro Ganem dijo en El Universal que no había denunciado nada. “Está claro que fue un proceso armado por los malandrines para atacarme y que no siga con mi lucha contra la corrupción”, dijo.
Seguidamente continuó con una diatriba: “Los entes de control de este país están involucrados en todo esto porque comen del mismo plato”.
En fin, Dau terminó saliéndose de casillas con su discurso, pero no contestó si las pruebas rápidas para la detección del Covid-19 fueron bien usadas.
Lo que debe desvirtuar
Por su parte, la Contraloría dice que ameritó hacer una actuación especial, después de recibir una denuncia porqué se evidenció que estas pruebas que debían beneficiar a la población pobre no asegurada, las recibieron trabajadores de la salud, administrativos, de aseo y vigilancia de diferentes EPS.
“En el Dadis hicieron los estudios previos para hacer ese contrato y colocaron que las pruebas eran únicamente para las personas pobres y vulnerables no aseguradas, ni en el régimen contributivo ni del régimen subsidiado. El contrato se desarrolló normalmente, pero las pruebas RT y PSR fueron entregadas a la Universidad de Cartagena, Hospital Universitario, ESE Cartagena de Indias, IPS Bienestar y Salud, Casa del Niño y otras IPS privadas”, dijo una fuente de la Contraloría Distrital.
Agregó que la Contraloría encontró en la documentación aportada que la misma Johana Bueno, directora del Dadis, firmó las actas donde consta que las pruebas se las hicieron al personal médico asistencial y administrativo de las entidades antes mencionadas.