El Presidente de la República, Gustavo Petro, informó al país el incremento progresivo del precio de la gasolina, teniendo en cuenta la situación de déficit que presenta el fondo de estabilización de precios de los combustibles.
Eliminados los subsidios a la gasolina corriente, se aplicarían los parámetros del mercado internacional, es decir, su precio se calcularía por el valor del petróleo y la TRM, lo que daría un precio cercano entre los $16.000 y los $18.000 pesos por galón de gasolina corriente y diésel.
Sin embargo, pensando en la protección del transporte terrestre de pasajeros colectivo o individual y de mercancías, el Gobierno ha considerado mantener el subsidio para el ACPM o diésel, combustible con el que se mueven la mayor cantidad de máquinas de transporte pesado.
Quiero recordar al Gobierno nacional que en la zona insular de Colombia y en los municipios ribereños, el transporte utilizado para mercancías y pasajeros es exclusivamente acuático, con lanchas y chalupas habilitadas para tal fin por parte de la Dimar de Colombia, las cuales funcionan con motores fuera de borda, usando gasolina.
Es en este punto en el que hago un llamado importante al Gobierno Nacional, para buscar e idearse alternativas que beneficien a estos habitantes, que de forma obligatoria necesitan usar este medio de transporte, único con el que cuentan para fortalecer su economía y mantener de modo alguno su nivel de vida.
Es indispensable, que el Gobierno Nacional genere soluciones que garanticen los derechos constitucionales de las personas que viven en las zonas insulares y ribereñas del Distrito de Cartagena y el Departamento de Bolívar, debido a que al aplicar de forma directa el incremento a esos combustibles fósiles generaría en línea recta un detrimento en la calidad de vida de los habitantes insulares y ribereños, por el aumento en sus costos, los cuales indefectiblemente serán trasladados al consumidor final de los productos transportados por este medio.
En Cartagena se mueven alrededor de 398 motonaves diarias que trasladan 4.000 personas, entre nativos que vienen a la ciudad a realizar sus labores y a hacer compras, así como turistas que se desplazan a la zona insular, quienes aportan a la economía de las familias nativas que basan su sustento en la actividad del turismo.
Un aumento progresivo en el combustible utilizado en estas motonaves para el transporte de pasajeros y mercancías, afectará la calidad de vida de miles de familias colombianas que viven en la zona insular y en las riberas de los ríos, las cuales verán un aumento exagerado de sus costos en actividades que hacen parte de sus gastos obligatorios mensuales, en uno de los bienes y servicios que está a cargo del Estado como es el transporte público.
Con todo lo anterior, indiscutiblemente se abriría una brecha de desigualdad social, tema que es una de las banderas del Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que se aplicarían subsidios para el combustible utilizado para el transporte de mercancías y de pasajeros de manera terrestre, y no para el combustible con el que se mueve la flota acuática más importante del país, que es el transporte de pasajeros y de mercancías de los colombianos que habitan en las islas y a las orillas de los ríos de Colombia.