El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) mantiene un monitoreo permanente y riguroso sobre los bienes de interés cultural de la ciudad, enfocando sus esfuerzos en la identificación temprana de riesgos estructurales y arquitectónicos. Esta labor de supervisión constante en el Centro Histórico y su área de influencia permitió reaccionar con total inmediatez ante el desprendimiento del tejadillo de un balcón en el Edificio Broncemar, ubicado en la Calle Larga del barrio Getsemaní, un inmueble que ya venía siendo objeto de un estricto seguimiento preventivo por parte de la División de Patrimonio.
A través de las inspecciones que el instituto realiza de forma regular, los expertos del IPCC ya habían detectado en esta edificación patologías complejas como fisuras superficiales, humedades ascendentes y proliferación de vegetación en muros y balcones; afectaciones que aceleran el deterioro físico de las estructuras tradicionales y que son notificadas a los propietarios para su debida intervención. De hecho, gracias a este acompañamiento técnico del IPCC, los propietarios del inmueble tramitaron y obtuvieron un concepto favorable de intervención ante el Comité Técnico de Patrimonio, además de una licencia de construcción vigente para el reforzamiento y la adecuación de la fachada.
Frente a la contingencia actual, el enfoque del IPCC no solo se centra en la evaluación de los daños materiales, sino en determinar la pertinencia de iniciar las acciones administrativas correspondientes contra los responsables del inmueble, dado que la falta de un mantenimiento preventivo oportuno y el descuido generalizado terminaron por detonar la caída del elemento arquitectónico, situación previamente advertida por las autoridades.
Para mitigar el impacto de esta emergencia y salvaguardar la vida de nativos y visitantes, el IPCC activó una respuesta conjunta y articulada con la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD) y la Dirección de Control Urbano. El trabajo interinstitucional permitió asegurar el perímetro de manera inmediata.
Mientras el instituto evalúa los alcances jurídicos y de conservación del bien, la OAGRD desplegó a su Equipo de Reacción Inmediata (ERI) para efectuar el cerramiento de la zona e inspeccionar minuciosamente las condiciones de seguridad de la edificación. Tras controlar la situación en el sitio, los técnicos de Gestión del Riesgo y de Control Urbano iniciaron la redacción de un informe técnico unificado, el cual servirá para exigirle formalmente al propietario la ejecución obligatoria de las medidas correctivas que frenen el deterioro del inmueble.
Shirley Tuñón, directora del IPCC, enfatizó que la preservación de la riqueza arquitectónica de la ciudad requiere una corresponsabilidad ineludible por parte de los particulares.
_»Nuestro equipo técnico permanece en el territorio vigilando el estado de los inmuebles, pero el control patrimonial no es suficiente si los propietarios privados no asumen su obligación legal y civil de mantener los bienes en óptimas condiciones. Aunque este edificio contaba con las licencias vigentes para ser intervenido, la falta de un mantenimiento preventivo a tiempo desencadenó esta emergencia, por lo que actuaremos con firmeza en los procesos administrativos a los que haya lugar»,_ aseguró la directora del IPCC.
Asimismo, la directora de la OAGRD, Gabriela Tinoco, recalcó el alcance de las medidas y la exigencia de acciones inmediatas que se adoptarán tras la inspección conjunta.
_“Una vez realizado el informe técnico se le entregará al propietario de la vivienda las recomendaciones pertinentes para que tome acciones y realice las medidas correctivas para evitar se presenten nuevas emergencias debido al estado del inmueble”,_ concluyó Tinoco.