Dijo el periodista británico americano H. L. Mencken: «Para cada problema complejo hay una solución simple, clara y equivocada». En un mundo extremadamente dinámico es importante reconocer el valor de un análisis profundo de enfoque multidisciplinar. Para este tipo de problemas, las posibles causas siempre son interdependientes y no obedecen a un curso lineal. Hablar sobre la situación de Venezuela y conformarse con una vía de acción específica y sin titubeos sería caer en una peligrosa superficialidad.
El economista americano Thomas Sowell afirmó acertadamente que es necesario un gran conocimiento para comprender la enormidad de la propia ignorancia. Asimismo, irónicamente, muchas veces nos apresuramos a tomar una posición férrea desconociendo uno u otro factor determinante por la simple comodidad que nos aporta la certidumbre. Por eso, el punto de inflexión en el que nos encontramos, y que pone en tela de juicio la frágil diplomacia internacional, me invita a compartir una opinión multiperspectivista y práctica.
Se liberó al pueblo venezolano de una dictadura que cometió sistemáticamente crímenes de lesa humanidad y afianzó un autoritarismo que generó una grave crisis humanitaria: el éxodo masivo de millones de personas. Hay toda una justificación ética para desarticular una estructura de poder como esa, de despojar a sus protagonistas del control de las instituciones y promover la conformación de una nueva organización social.
Sin embargo, un enfoque exclusivamente moral no agota el problema. Más allá de los intereses económicos claramente reconocibles, desde la ciencia política y las relaciones internacionales, el caso venezolano reabre un debate incómodo: ¿hasta dónde puede —o debe— llegar la comunidad internacional para detener un régimen criminal? ¿Es legítimo vulnerar la soberanía de un Estado en nombre de los derechos humanos? ¿Quién decide cuándo una intervención es necesaria y bajo qué criterios? Estas preguntas deberían incomodar porque, si no lo hacen, desconocemos las aristas del delicado equilibrio global.
Quien diga que entrar en un debate teórico sobre los principios del derecho internacional desconoce o ignora la lucha y el sufrimiento de millones de venezolanos, peca por ingenuo. Es precisamente esa arquitectura, erigida sobre el marco jurídico internacional, la que garantiza que ningún otro pueblo latinoamericano sea sometido por una nueva tiranía.
La historia universal nos ha demostrado con creces que la caída de regímenes autoritarios genera peligrosos vacíos de poder que amenazan la construcción de una democracia saludable. Me llena de entusiasmo pensar que la dictadura ha terminado en nuestro país vecino, pero no me deja de preocupar un desenlace que pueda actuar retroactivamente sobre la recuperación de esas libertades.
En términos más claros: Maduro veló por los intereses de su pequeña oligarquía, Trump vela por los intereses de su país y a nosotros nos corresponde velar por el bienestar de nuestra patria. Sin radicalismos ni enfrentamientos, con pragmatismo y sutileza. De tal forma que, como colombianos, por supuesto que nos debe preocupar que la soberanía nacional sea respetada, pero también debemos exigir transparencia y procesos concretos que permitan una transición segura hacia la estabilidad política de Venezuela.
Invito a los colombianos a participar del debate haciendo uso de un criterio multifacético, sensato, respetuoso y conciliador. Uno que no obedezca a fanatismos baratos ni a soluciones simplistas. No hay que odiar a Trump para celebrar la captura de Maduro, ni revivir la historia del intervencionismo americano para desmeritar la disolución de una estructura de poder que violó derechos humanos por más de 10 años.
Venezuela no necesita una narración única que silencie las demás dimensiones de su crisis, sino una comprensión honesta de su complejidad. Solo así será posible exigir, al mismo tiempo, justicia para las víctimas, límites claros al uso unilateral de la fuerza en las relaciones internacionales, y la construcción de instituciones lo bastante sólidas como para que, en el futuro, ninguna potencia pueda justificar su intervención y ningún gobernante pueda convertir al país en una prisión a cielo abierto.