-. La ley que da voz y protección a los hijos del silencio
-. Colombia sanciona la Ley Huérfanos por Feminicidio, impulsada por la representante bolivarense Juliana Aray Franco
Por primera vez, Colombia reconoce en su legislación a las víctimas más invisibles del feminicidio: los hijos e hijas que quedan atrás. Con la sanción presidencial, la Ley Huérfanos por Feminicidio deja de ser un proyecto y se convierte en un compromiso estatal que garantiza apoyo económico, atención psicológica y justicia para quienes han visto su infancia interrumpida por la violencia más extrema.
La iniciativa, de autoría de la representante a la Cámara por Bolívar Juliana Aray Franco, marca un precedente en América Latina. “Esta ley nace del dolor acumulado de cientos de familias que han vivido el feminicidio no solo como un crimen, sino como una condena al abandono. Quisimos transformar ese dolor en justicia social. Ahora, estos niños y niñas no estarán solos. El Estado tiene la obligación de protegerlos, garantizarles derechos y asegurar que el agresor nunca más tenga control sobre su vida”, afirma la congresista.
Una realidad que duele en cifras
En lo que va de 2025, el Observatorio de Feminicidios ha registrado 389 casos en Colombia. Tras esos asesinatos, 218 niños, niñas y adolescentesquedaron huérfanos. Pero la ley no solo cobija a los casos recientes: también se abre a miles de jóvenes que, durante años, han crecido sin respaldo, atrapados entre la pobreza, la exclusión y el trauma.
¿Qué cambia con la nueva ley?
La Ley Huérfanos por Feminicidio establece un modelo integral de protección y reparación que contempla:
• Apoyo económico periódico para jóvenes víctimas indirectas, pertenecientes a los grupos A, B y C del Sisbén IV.
• Acceso prioritario a servicios de educación, salud, cultura, empleo, deporte y atención psicosocial.
• Asistencia legal gratuita y especializada en procesos de custodia y justicia penal.
• Prohibición expresa de que los feminicidas tengan acceso o administración de beneficios destinados a los hijos de las víctimas.
• Creación de una Estrategia Nacional de Atención y un Registro Nacional de Beneficiarios para garantizar cobertura real y seguimiento.
Más que un auxilio económico: un camino hacia la vida
El impacto de la ley va más allá de entregar subsidios. Busca construir un entorno de acompañamiento integral que incluya terapias psicológicas, asesoría jurídica y acceso preferente a oportunidades de formación y empleo.
“Un niño que pierde a su madre por feminicidio no solo enfrenta el duelo, sino el quiebre de toda su estructura familiar y económica. Esta ley reconoce que el Estado debe intervenir para que esa ruptura no defina su futuro”, explica Aray.
Un reto de articulación institucional
La implementación requerirá coordinación entre el ICBF, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el SENA y otras entidades clave. La representante Juliana Aray ha anunciado audiencias públicas en los territorios más afectados para garantizar que la norma no se quede en el papel.
Un precedente para la región
Colombia se convierte en uno de los primeros países latinoamericanos en legislar de forma integral sobre las consecuencias del feminicidio. Hasta ahora, la mayoría de hijos e hijas de las víctimas quedaban atrapados entre la revictimización, el desamparo institucional y la pobreza.
Con esta ley, el país envía un mensaje claro: la reparación y la justicia no terminan con la condena al agresor, sino con la reconstrucción de la vida de quienes quedan.