Ante las recientes informaciones divulgadas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte sobre la posible revocatoria de comparendos impuestos mediante sistemas de fotodetección en varias ciudades del país, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena aclaró que la entidad no hace parte del listado de organismos de tránsito investigados ni está cobijada por medidas relacionadas con la anulación de multas o devolución de recursos por concepto de fotomultas.
Según explicó la autoridad de tránsito distrital, las actuaciones administrativas anunciadas por el Gobierno Nacional están dirigidas a organismos que habrían presentado presuntas irregularidades en la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones entre los años 2018 y 2024.
El DATT precisó que durante ese periodo Cartagena no contaba con cámaras de fotodetección en funcionamiento, por lo que no existen comparendos impuestos mediante estos sistemas que puedan ser objeto de procesos de anulación o devolución de dinero en la ciudad.
Por esta razón, la entidad hizo un llamado a los ciudadanos para que verifiquen previamente si sus casos corresponden a las condiciones establecidas por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia antes de iniciar trámites o radicar solicitudes ante el organismo de tránsito local.
Asimismo, la autoridad advirtió que la difusión de información inexacta podría generar congestión innecesaria en los procesos administrativos y jurídicos, afectando la capacidad operativa de la entidad y ocasionando un desgaste institucional.
“El DATT Cartagena no impuso comparendos mediante sistemas de fotodetección durante los periodos señalados por el Gobierno Nacional”, reiteró la entidad al insistir en que los ciudadanos se informen exclusivamente a través de los canales oficiales.
Finalmente, el organismo de tránsito ratificó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto al debido proceso, asegurando que todas las actuaciones administrativas relacionadas con la movilidad y el tránsito se desarrollan conforme a la normatividad vigente y en garantía de los derechos de los ciudadanos.