Bajo la lupa de la justicia y con el auxilio de la tecnología más avanzada, el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional realizó un operativo que desarticuló una estructura de extorsión en los barrios La María, La Esperanza, San Francisco y Las Delicias. El resultado: la captura de tres presuntos delincuentes —entre ellos un menor de edad— y la incautación de evidencia que será clave en la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos.
Investigación y evidencia digital
La pesquisa arrancó hace semanas, cuando comerciantes y vecinos denunciaron cobros bajo amenaza a través de WhatsApp. Fotografías de locales y residencias, mensajes de voz y registros de llamadas conformaron un corpus probatorio que la Fiscalía 16 Seccional de Cartagena adoptó como base para solicitar a un juez de control de garantías las órdenes de captura.
Con drones con streaming en tiempo real y un sistema de análisis forense de comunicaciones, los investigadores pudieron seguir el rastro de “El Cristian” (19 años) y un joven de 17 años en La María. Paralelamente, los algoritmos de geolocalización apuntaron hacia “Yajaira” (20 años) en Las Lomas, barrio Las Delicias, donde se encontraron 50 dosis de marihuana listas para su distribución.
El día de la captura
El 24 de abril, antes del amanecer, los drones sobrevolaron las manzanas señaladas. A las 5:15 a.m., mientras un equipo de la SIJÍN certificaba la coincidencia entre rostros y perfiles de redes sociales, las patrullas cerraron los pasos de huida. “La simultaneidad fue clave: coordinamos la intercepción en aire, tierra y vía digital”, explicó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana.
En el momento del arresto, los agentes incautaron dos motocicletas con placas falsas, dos celulares —base de las pruebas de extorsión— y dinero en efectivoproducto de los últimos pagos forzados. Todos los detenidos fueron trasladados a la URI de la Fiscalía en compañía de un abogado de familia para garantizar el debido proceso.
Judicialización y próximos pasos
En audiencia de control de legalidad, la Fiscalía les imputará cargos por extorsión agravada (art. 268 de la Ley 599 de 2000) y, en el caso de “Yajaira”, por tráfico de estupefacientes (art. 376). El juez definirá su situación judicial en las próximas 36 horas, evaluando medidas de aseguramiento que garanticen su comparecencia y protejan a las víctimas.
“Con cada capturado, estrechamos el cerco contra quienes lucran con el miedo”, afirmó la fiscal encargada del caso. Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó el derecho de las víctimas a la reparación integral y el acceso a atención psicológica.
Llamado a la ciudadanía
Mientras avanza la fase investigativa, la Policía y la Fiscalía reafirman su exhorto: no pagar jamás extorsiones y denunciar de inmediato al 165 o al 123, garantizando absoluta reserva. En una ciudad que apuesta a la modernidad y al imperio de la ley, el éxito de este operativo demuestra que la unión entre tecnología, instituciones y comunidad es el mejor antídoto contra el crimen.