La regulación del uso del suelo en cualquier parte del país debe armonizarse con el medio ambiente, la geografía, los riesgos, la cultura, la economía y la proyección del territorio. Sin embargo, en algunos lugares, la normativa del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) ha sido manipulada, aprovechando un neo-POT y el centralismo que, históricamente, ha favorecido a grupos económicos. Estos han impulsado proyectos como aeropuertos, marinas, zonas francas y revalorización de tierras, beneficiando a constructores, industriales e inversionistas, quienes monopolizan zonas estratégicas bajo el amparo de normas especiales.
Este tipo de prácticas ha tenido lugar en diferentes alcaldías y gobernaciones, donde algunos gobernantes actúan como pequeños reyezuelos. A través de endeudamientos y compromisos adquiridos para ganar elecciones, convierten su mandato en una deuda personal con ciertos sectores. Mientras tanto, los votantes permanecen en “modo pausa”, esperando que se cumplan promesas que rara vez ven la luz.
Muchos prefieren no contradecir o alzar la voz, optando por aceptar migajas que apenas alivian la situación. Así, se perpetúa la diferencia de poder, reafirmando el dicho: “el rico se hace más rico y el pobre más pobre”. Los grandes intereses económicos son los únicos que pueden contratar expertos para moldear el POT según sus conveniencias, legitimando sus acciones a través de conferencias y foros que disfrazan sus intenciones, como en la célebre frase de Julio César: “La mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo”.
En este contexto, me refiero a mi ciudad como un ejemplo constructivo:
En 2001, se aprobó el POT bajo el decreto 0977. En 2007, se introdujo una modificación que fue anulada por el Tribunal de Bolívar debido a irregularidades en su socialización. En 2014, el alcalde Dionisio dejó el POT con conceptos favorables de Cardique y el Consejo Territorial de Planeación. Sin embargo, el siguiente alcalde ignoró las recomendaciones del Ministerio de Vivienda, permitiendo que los términos vencieran y adoptando un POT desfasado.
Durante la interinidad del alcalde Londoño, se ordenó la liquidación del convenio Neo-POT por incumplimiento. En 2019, el alcalde Pedrito gestionó la devolución del dinero de dicho convenio, lo que desencadenó investigaciones a nivel nacional por parte de la Procuraduría y la Contraloría. En 2020, bajo la administración del secretario G. Ávila Barragán, se intentó reactivar el POT moderno, aceptando productos que no cumplían con los requisitos. Finalmente, en 2023, Cardique y el EPA archivaron el proceso debido al incumplimiento de la Secretaría de Planeación.
Actualmente, he solicitado mediante derecho de petición, radicado el 25 de septiembre de 2024, que se certifiquen varios puntos aún sin respuesta. Entre ellos, la existencia de los documentos de Revisión y Verificación del Expediente Distrital, los estudios de riesgos contratados y actualizados según norma IGAC, y la evaluación del diagnóstico territorial. También he pedido que se aclare si ya existe un cronograma aprobado y la liquidación de los contratos EDURBE-Distrito.
Es urgente que la ciudad clarifique cómo se está desarrollando su normativa urbanística, pues la falta de instrumentos de planificación podría congelar el desarrollo urbano, generando especulación inmobiliaria. Esto favorece a quienes tienen mayor influencia sobre la Secretaría de Planeación, que prioriza ciertos proyectos mientras otros se estancan.
Solo buscamos transparencia en este proceso, para contribuir constructivamente a un gobierno que, con buenas intenciones, debe evitar los errores del pasado y reducir el deterioro fiscal.