“El primer mandatario departamental explicó durante su discurso que el logro alcanzado por parte de la Defensoría del Pueblo, en favor de la comunidad del corregimiento montemariano de El Salado, en jurisdicción de El Carmen de Bolívar, es algo realmente histórico. Ya que tuvieron que transcurrir 23 largos años para poder resarcir de cierta manera los flagelos sufridos de violencia y desplazamiento forzado”
En un importante paso hacia la justicia y la reconstrucción, el gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel, resalta la indemnización grupal otorgada a las víctimas de la masacre de El Salado ocurrida en 2000.
Junto con la Defensoría del Pueblo, cuya labor ha sido fundamental, se ha logrado asegurar el pago a las víctimas y promover la no repetición de estos trágicos sucesos que devastaron una comunidad vibrante.
Durante el acto en el Palacio de la Proclamación, el gobernador enfatizó que más allá del aspecto económico, lo primordial es garantizar la no repetición y forjar un futuro esperanzador para los afectados. «Ninguna cifra puede reemplazar la pérdida de un ser querido o el desplazamiento violento de una familia de su tierra, pero al lograr este pago grupal, estamos allanando el camino hacia mejores oportunidades», afirmó Blel.
Además de la indemnización, la Administración Departamental ha cedido en comodato la antigua sede del colegio Cooperativo ‘Rafael Núñez’ a la Defensoría del Pueblo, para que se convierta en la nueva sede regional en Bolívar. Este acuerdo fortalece el compromiso de proteger los derechos humanos y garantizar la integralidad de los bolivarenses.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, agradeció el gesto y destacó la importancia del edificio como símbolo de protección y goce efectivo de los derechos humanos. La jornada contó con la presencia de funcionarios, incluido el defensor del Pueblo, Regional Bolívar, José Hilario Bossio, así como secretarios de Despacho de la Gobernación de Bolívar y la procuradora Regional de Bolívar, Ana Joaquina Petro López. Esta iniciativa conjunta representa un avance significativo hacia la justicia y la defensa de los derechos en la región.
