A menudo escuchamos a expertos en derecho y politólogos cuestionarse sobre las condiciones de gobernabilidad en el país, y proponer reformas institucionales para cambiar, repotenciar o consolidar la maraña normativa de forma integral y general. Sin embargo, pocas veces se preguntan si esas reformas —tan discutidas y solicitadas, no siempre de la mejor manera—, y si esos cambios constitucionales o legislativos, están realmente en condiciones de generar una transformación sustantiva en la estructura, el funcionamiento y el desarrollo de nuestra sociedad, en su interacción, y en la resolución de la crisis de gobernabilidad. O si, por el contrario, simplemente terminan confundiendo aún más el problema de fondo.
Es necesario preguntarse si esas reformas propuestas reconocen o no las diferencias inherentes al ordenamiento de la realidad social. Si bien la gobernabilidad y la democracia son mandatos irrenunciables de la sociedad contemporánea, su expresión institucional no se alcanza desde arriba, imponiendo formas jurídicas al constante latir de la vida social, sino otorgando una configuración jurídica responsable y sostenible a las necesidades que emergen de ella de manera permanente. Recordemos que el consenso y la democracia representativa legitiman la acción política, que estructura en cierto grado un orden social acorde con las ideologías dominantes, reforzando así las condiciones político-ideológicas de la gobernabilidad.
La política, en este sentido, podría responder a los retos que la ciudadanía plantea diariamente y recuperar su funcionalidad y continuidad en estos tiempos, revisando caminos viables e idóneos para avanzar. A continuación, propongo algunas alternativas:
La política debe replantearse como un valor y un proyecto público que unifique, dentro de las diferencias, a la ciudadanía en torno a la mediación de intereses colectivos, promoviendo acciones comunes orientadas al bienestar de todos.
Debe cuestionarse y limitarse la visión puramente economicista del mercado, así como la difusión sesgada de información de interés general tanto en los medios tradicionales como en el ya consolidado conglomerado virtual, que muchas veces resulta nocivo y polarizante, contribuyendo a la desintegración de los vínculos sociales. Asimismo, se debe fomentar la pluralidad de fuerzas políticas y la democracia representativa frente al auge de activismos populistas que desprecian la división de poderes y estimulan la confrontación ideológica bajo débiles marcos argumentativos. Todo esto debe hacerse respetando los modelos constitucionales y promoviendo mecanismos de reforma que cuenten con el aval de la Carta Magna vigente.
Es fundamental promover la educación, la formación y el control en el ámbito político, así como regular las estructuras diseñadas para influir en la opinión pública y para desplegar estrategias desmedidas de mercadeo y propaganda durante las campañas. Quien aspire a participar en política debe cumplir con unos requisitos mínimos, sumados a cualidades personales que incluyan experiencia, conocimiento y capacidad para ejercer representatividad en contextos sociales complejos. Por supuesto, esto no debe ser excluyente en ningún caso, y se debe tener claro que la vida pública es un servicio a la ciudadanía, no un privilegio para servirse de ella.
Finalmente, la política —y, en consecuencia, la gobernabilidad— debe concebirse como un proceso de regularización de la vida colectiva, que permita al ciudadano adquirir una identidad ideológica y participar activamente en lo público, dentro de una estricta construcción de diálogo y de vínculos sociales positivos y solidarios. Se debe fomentar una cultura de derechos, pero también de deberes, bajo la premisa de que el ciudadano no es un reducto pasivo del Estado, sino un actor clave en la construcción de una sociedad bien gobernada, orientada a superar desigualdades y a generar calidad de vida.